LANOTA.- En psoas horas, el gobierno federal pasó de rechazar categóricamente señalamientos de lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas, a ejecutar acciones de supervisión reforzada en dos de los bancos señalados por Estados Unidos. ¿Contradicción o reacción medida? La narrativa oficial parece tropezarse con los hechos.
“NINGÚN INDICIO”: LA NEGACIÓN DE SHEINBAUM
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó enfáticamente los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a través de la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), vinculó a tres instituciones mexicanas —CI Banco, Intercam y Vector— con posibles operaciones de lavado de dinero, presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa y al tráfico de fentanilo.
“No hay nada. Ningún indicio (…). Siguen las investigaciones, pero no hay ninguna prueba de vínculos con la delincuencia organizada”, afirmó Sheinbaum, escudándose en la información de la UIF y la Secretaría de Hacienda, las cuales, según la mandataria, no tienen constancia de movimientos irregulares atribuibles a dichas instituciones financieras.
La declaración pretendía cerrar el capítulo. Sin embargo, el desenlace fue otro.
INTERVENCIÓN DE LA CNBV: ACCIONES QUE SE CONTRADICEN
Horas más tarde, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció medidas especiales de supervisión e intervención directa en Intercam y CI Banco, con base en los mismos señalamientos provenientes de Estados Unidos. La CNBV indicó que existía la necesidad de verificar operaciones atípicas y garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Según fuentes cercanas al caso, la medida fue tomada a raíz de reportes compartidos por la FinCEN, los cuales incluyen detalles sobre flujos sospechosos de capital que podrían estar asociados a redes del narcotráfico. El golpe mediático es fuerte: dos de los bancos defendidos horas antes por el discurso presidencial, ahora enfrentan una supervisión reforzada y, de facto, una pérdida de autonomía operativa parcial.
¿NARRATIVA O CONTROL DE DAÑOS?
El choque entre las declaraciones presidenciales y las acciones regulatorias plantea una interrogante evidente: ¿desconocimiento real por parte de Sheinbaum o estrategia discursiva para contener la alarma pública?
Para algunos analistas financieros, esta dualidad revela una tensión entre el discurso político y los imperativos regulatorios. “La CNBV no actúa a ciegas ni por capricho. Si intervino es porque algo vio, y probablemente porque el gobierno de EE.UU. no solo mandó señales, sino pruebas”, comenta un exfuncionario de Hacienda que pidió anonimato.
UN CONTEXTO COMPLICADO
La coyuntura no es menor. La nueva Ley Antilavado impulsada por la propia Sheinbaum refuerza las capacidades de la UIF y la CNBV. Y paradójicamente, esa misma legislación está siendo ahora el instrumento para poner bajo la lupa a entidades que el Ejecutivo niega que estén implicadas en actividades ilegales.
Mientras tanto, en Washington, las detenciones de 11 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y a operaciones financieras internacionales refuerzan la idea de una red binacional de lavado de dinero. Una red en la que —según los documentos estadounidenses— bancos mexicanos habrían fungido como piezas clave.
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