Con todo cariño, dice Armenta. (Imagen de archivo)
LANOTA.-El gobernador morenista de Puebla, Alejandro Armenta, no pidió: advirtió. Y lo hizo con nombre, fecha y castigo: si Grupo Proyecta no dona dos hectáreas en un mes, su gobierno les quitará cuatro por la fuerza. “Con todo cariño, ¿eh?”, remató con una sonrisa envenenada que difícilmente puede disfrazarse de cordialidad.
La amenaza pública del jueves sacudió al sector inmobiliario poblano, y desató una tormenta política que el propio Armenta intentó sofocar apenas un día después. Ya en entrevista con Azucena Uresti, el mandatario intentó reconfigurar el mensaje: dijo que sólo pidió una donación voluntaria. Pero ¿desde cuándo una “donación” incluye ultimátum y expropiación doble como castigo?
UNA ADVERTENCIA CON INSTRUCCIONES OFICIALES
Armenta no solo lanzó el dardo, sino que ordenó en pleno acto público que su coordinador del Gabinete, José Luis García, notificara por escrito a la empresa. Es decir, el “con todo cariño” se convirtió en documento oficial. No fue un exabrupto. Fue una política en ejecución.
Y la amenaza no se limitó a Grupo Proyecta. El gobernador también nombró a la empresa Haras, del empresario Carlos Haghenbeck, advirtiendo que todas las inmobiliarias deberán “colaborar” o serán llamadas “una por una”. La advertencia fue clara: donan o se atienen a las consecuencias.
UN CONFLICTO DEL PASADO… REVIVIDO CON FINES PRESENTES
Para justificar su embate, Armenta sacó del archivo un viejo pleito agrario: en los noventa, el gobierno estatal expropió terrenos a ejidatarios, y esos predios terminaron en manos privadas. Ahora, a su modo, Armenta quiere cobrarse la historia usando la fuerza del Estado. Dice que no es amenaza, sino “un acto de justicia social”.
“Ellos tienen miles de hectáreas. ¿Qué les cuesta donar dos?”, dijo. Lo que no explicó es por qué la justicia social requiere amenazas ni por qué su gobierno convierte en enemigos a quienes no ceden bajo presión.
¿JUSTICIA SOCIAL OPOPULISMO AUTORITARIO?
El gobernador insiste en que la meta es construir 10 mil viviendas para policías poblanos. Pero el método recuerda más a una imposición política que a un proyecto de bienestar. Su discurso combina tono de campaña, lógica de castigo y lenguaje de redentor: “Se han enriquecido gracias a Puebla… ya es hora de que le devuelvan algo”, dijo sobre las inmobiliarias.
En círculos empresariales y jurídicos, las alarmas se encendieron. ¿Se trata de una política legítima o de una amenaza de Estado? ¿Está el gobernador gobernando o extorsionando con cargo público?
UN PRECEDENTE PELIGROSO
En lugar de buscar acuerdos institucionales o mecanismos legales de contribución empresarial, Armenta optó por la vía de la presión pública, con cámaras, micrófonos y fecha límite incluida. El precedente es preocupante: cualquier privado que posea tierra podría convertirse en objetivo político si no cumple con las expectativas del gobierno.
La cuenta regresiva ya empezó. Lo que ocurra con Grupo Proyecta no solo marcará el destino de esas hectáreas, sino el tipo de relación que el poder en Puebla quiere construir con el sector privado: de socios… o de súbditos.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
