LANOTA.- Gabriel Hernández Tovar, empresario y activista de Reynosa, pagó con su vida el precio de alzar la voz contra la violencia y la impunidad. La madrugada del 16 de julio, fue brutalmente asesinado a balazos, apenas seis días después de que le retiraran la custodia judicial que lo protegía, pese a vivir bajo amenazas constantes de grupos criminales.
ASESINATO CON EVIDENTES FALTAS DEL ESTADO
Su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta Nissan Frontier blanca, estrellada contra un canal de aguas negras en la colonia Loma Real de Jarachina Sur. La escena revelaba la violencia de su muerte: al menos cuatro impactos de bala en el asiento del conductor. Según reportes, Gabriel fue perseguido por un grupo armado; al intentar escapar perdió el control y cayó en el canal. La confirmación del deceso llegó por parte de Protección Civil y Bomberos.
Versiones locales indican que el ataque inició en una tienda de autoservicio, donde fue interceptado y luego ejecutado. Lo más indignante: Hernández había sido secuestrado en 2021 por presuntos miembros del Cártel del Golfo, y fue testigo directo de atrocidades como ejecuciones e inhumaciones clandestinas. Su valentía lo llevó a denunciar públicamente estas violaciones y a unirse al Colectivo 10 de Marzo, que lucha contra las desapariciones forzadas.
LA CUSTODIA RETIRADA A PESAR DE UNA ORDEN JUDICIAL
Desde abril de 2023, Gabriel contaba con un amparo que obligaba a las autoridades a protegerlo mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con custodia asignada por la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Tamaulipas. Sin embargo, el 10 de julio de 2025, sin ninguna explicación, le retiraron esa protección judicialmente ordenada.
Delia Quiroa, líder del Colectivo 10 de Marzo, señaló con dolor e indignación: “El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora exigimos respuestas y justicia.” Para agravar la crisis, el mismo día se ordenó protección urgente para otros dos miembros del colectivo, pero hasta ahora el mecanismo federal no ha respondido.
DENUNCIAS IGNORADAS Y EL SILENCIO CÓMPLICE DEL ESTADO
Durante meses, Hernández denunció amenazas directas de un presunto integrante del Cártel del Golfo, Mario “La Chispa”, y acusó al fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, de proteger a ese grupo criminal. En audios públicos advirtió que si algo le ocurría a él o su familia, los responsables serían esas figuras. También denunció la falta de avance en sus carpetas de investigación y la evidente protección institucional hacia sus agresores.
El vocero estatal de seguridad llegó a calificar sus denuncias como “subjetivas” e incluso le pidió “insistir y denunciar”, evidenciando la insensibilidad y negligencia del aparato estatal ante el peligro que enfrentaba.
“Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades, pasan estas cosas”, sentenció Delia Quiroa con tristeza y enojo.
A la fecha, ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Fiscalía han explicado el retiro de la custodia ni han ofrecido avances claros en la investigación del asesinato de Gabriel Hernández, un activista que pagó con su vida el valor de denunciar.
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