LANOTA.- A pocos días de realizarse la histórica elección judicial en México, el Observatorio Electoral Judicial emitió una alerta: el proceso está viciado de origen.
Según su análisis, la elección del próximo 1 de junio —que definirá a jueces y magistrados mediante el voto ciudadano— presenta graves fallas de diseño, inequidad estructural y una organización deficiente, que comprometen seriamente su legitimidad y funcionalidad.
UNA ELECCIÓN JUDICIAL SIN TIEMPO SUFICIENTE
Esta elección surge de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, impulsada por Morena y avalada por la mayoría legislativa. Aunque el objetivo fue democratizar el Poder Judicial y acercarlo a la ciudadanía, la improvisación y la falta de planeación han puesto en entredicho el proceso.
Los expertos advierten que organizar una elección judicial de esta magnitud requería al menos diez meses de preparación, pero el calendario real dejó menos de ocho. A ello se sumó un recorte presupuestal del 52%, lo que limitó el despliegue logístico, redujo casillas, personal operativo y capacidad de información pública.
DISEÑO DE BOLETAS: UNA BARRERA
El informe del Observatorio —basado en modelos bayesianos con miles de simulaciones estadísticas— reveló que 201 candidaturas no tienen posibilidad real de ganar, y otras 103 tienen menos de 2% de probabilidad. En contraste, 133 personas tienen casi asegurado un cargo judicial, no por sus méritos, sino por condiciones estructurales como el diseño de las boletas, la distribución desigual de vacantes y la aplicación automática de paridad de género.
En algunos distritos, las boletas presentan listas extensas —de entre 152 y 221 nombres— y el electorado deberá elegir entre 23 y 37 cargos judiciales. Según los expertos, votar de forma informada implicaría revisar perfiles durante al menos 18 horas, lo que vuelve inviable un sufragio reflexivo y razonado.
INEQUIDAD TERRITORIAL Y CANDIDATURAS ÚNICASZ
La inequidad no solo es numérica, sino también geográfica y estructural. Por ejemplo, en Ciudad de México hay en promedio 4.6 aspirantes por vacante, mientras que en Campeche apenas 2.2, lo que refleja una distribución desbalanceada y sin criterios técnicos claros.
También se detectaron boletas con candidaturas únicas, lo que garantiza automáticamente el triunfo de ciertas personas sin competencia real. En otras, se omiten vacantes o se presentan listas incompletas. Además, la paridad de género aplicada sin ajustes finos ha generado distorsiones, como la sobrecompensación femenina: aunque 58% de los candidatos son hombres, se estima que 56% de los cargos serán ocupados por mujeres, lo que podría traducirse en casos donde hombres con más votos pierdan por criterios de ajuste.
EL PROCESO PUEDE SER IMPUGNADO MASIVAMENTE
De los 120 modelos de boleta que se utilizarán el 1 de junio, 93 presentan fallas graves de equidad, y de los 60 distritos judiciales, 57 tienen al menos una boleta anómala. Según el Observatorio, estas fallas provienen de una reforma mal diseñada y un sorteo legislativo sin criterios técnicos, tanto en la distribución de cargos como en la consideración de las cargas de trabajo judicial o especialización.
El estudio concluye que, de mantenerse estas condiciones, la elección está en riesgo de una oleada de impugnaciones que pueden poner en duda no solo su legitimidad, sino también el arranque institucional del nuevo modelo judicial.
URGE UNA REFORMA DE FONDO ANTES DE 2026
El Observatorio Electoral Judicial hace un llamado urgente a reformar todo el modelo antes del próximo proceso judicial electoral en 2026-2027. Entre sus propuestas: establecer reglas claras, mejorar el diseño de boletas, aplicar criterios racionales de selección y asegurar una distribución equitativa de vacantes y recursos.
De no atenderse estas recomendaciones, persistirá un sistema que impide la competencia real, vulnera el derecho a un voto informado y erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en las instituciones democráticas del país.
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