LANOTA.– Un manto de sospecha y tensión cubre desde ayer los pasillos del Instituto Nacional Electoral (INE).
En una jugada sin precedentes, diversas organizaciones entregaron al Consejo General del organismo 11 denuncias formales contra aspirantes a cargos en el Poder Judicial, acusándolos de mantener oscuros vínculos con el crimen organizado y, en varios casos, con el polémico exlíder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, hoy procesado en Estados Unidos por violación y lavado de dinero.
Las acusaciones llegan justo después de que el INE aprobara medidas drásticas: anular candidaturas si se detecta orden de aprehensión, suspensión de derechos políticos, sentencias por violencia o deudas alimentarias. Pero ahora, las denuncias podrían revelar mucho más que simples incumplimientos de la ley electoral.
PERFIL DE LOS DENUNCIADOS
Entre los señalados destaca Francisco Herrera Franco, alias “Fiscal de Hierro”, exfiscal regional de Michoacán, vinculado a supuestos lazos con grupos criminales en la región.
En Nuevo León, los expedientes señalan a De Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con arma de fuego y dosis de droga, y a Fernando Escamilla Villarreal, abogado de los temibles líderes de Los Zetas “Z-40” y “El Chelelo”. Cada nombre destapa un episodio de violencia y sospecha que podría empañar la legitimidad del próximo Poder Judicial.
El escándalo se profundiza en Sonora, donde Andrés Montoya García, aspirante a magistrado del Tribunal de Apelación, resulta hermano del ex policía judicial acusado de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Y, como si no fuera suficiente, siete de los denunciados —Madián Sinaí Menchaca Sierra, Karina Sánchez, Eluzai Rafael, Job Daniel Wong Ibarra, Cesiah Keren León Rocha, Betzabeth Almazán Morales y Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza— aparecen en supuesta cercanía con Naasón Joaquín García, en una conexión que podría sacudir las bases mismas de la impartición de justicia.
REACCIÓN Y PRÓXIMOS PASOS
Mientras el INE abre su micrositio para recibir más denuncias y equilibra su promesa de fiscalizar candidaturas con IA, organizaciones civiles y partidos políticos exigen transparencia y celeridad en las investigaciones.
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El Consejo General convocó una sesión especial para revisar cada caso y definir si procede la suspensión de derechos o la anulación de candidaturas. El país observa atento: la decisión que tome el INE marcará un hito en la lucha contra la impunidad y el control del crimen sobre las instituciones.
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