LANOTA.-Ya no es un hombre con bidones en la madrugada ni un camión solitario en una brecha polvorienta. El contrabando de combustible en México ha escalado a una operación empresarial de alto nivel, orquestada desde oficinas en rascacielos, con logística internacional, flotillas de transporte, documentos alterados y redes financieras tan sofisticadas como las de cualquier multinacional.
Y en el centro de esta red aparece un joven empresario de 30 años que responde al nombre de Roberto Blanco Cantú, o simplemente “El Señor de los Buques”.
Desde el piso 50 del Metropolitan Center en San Pedro Garza García, Nuevo León, Blanco Cantú dirige Mefra Fletes, una de las compañías bajo investigación por liderar un esquema de “huachicol fiscal” que ha penetrado las entrañas del comercio exterior mexicano.
En marzo de 2025, autoridades federales decomisaron 18 millones de litros de diésel en los puertos de Altamira y Ensenada. Las operaciones revelaron no solo el tamaño del negocio, sino la red de complicidades institucionales y los vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
DEL MUELLE AL DESPACHO EN AUSENCIA
El modelo del huachicol fiscal no depende de mangueras clandestinas ni de tomas perforadas en ductos de Pemex. Es más elegante y, por lo tanto, más difícil de rastrear. Consiste en simular la importación de productos no regulados (como aditivos o aceites vegetales), que en realidad ocultan el ingreso masivo de combustible sin el pago de impuestos. Todo ello apoyado en documentación alterada, empresas fachada y operadores aduanales que permiten, por ejemplo, el “despacho en ausencia”: una modalidad en la que se descarga mercancía sin revisión física previa.
Así ocurrió en el puerto de Manzanillo con el buque Torm Agnes, que descargó más de dos millones de litros de diésel bajo documentación fraudulenta. La autorización fue firmada por el entonces director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Guaymas, el vicealmirante Ernesto Gastélum López, quien fue cesado tras revelarse que permitió estas maniobras en instalaciones no autorizadas.
En paralelo, el buque Challenge Procyon fue interceptado en Altamira transportando 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados como aditivos lubricantes. Las incautaciones incluyeron también vehículos, armamento y contenedores, lo que confirmó la conexión con redes de crimen organizado.
UNA ECONOMÍA CRIMINAL QUE CRUZA FRONTERAS
El caso no solo tiene implicaciones fiscales: representa una amenaza para la seguridad nacional. Así lo advirtió la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en su informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025, donde alerta que los principales cárteles mexicanos –entre ellos el de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo– han consolidado el control del robo y contrabando de hidrocarburos como una fuente vital de financiamiento.
La DEA sostiene que estas organizaciones obtienen o sustraen petróleo crudo directamente de instalaciones de Pemex para luego contrabandearlo a Estados Unidos, donde es adquirido por empresas energéticas legales, en un esquema que combina el lavado de dinero con el comercio internacional. “México está perdiendo decenas de miles de millones en ingresos fiscales anualmente”, señala el informe.
Lo preocupante es que estos recursos no solo engrosan fortunas criminales, sino que sostienen operaciones bélicas. Vice News y reportes de inteligencia han documentado cómo los ingresos del huachicol han servido para financiar ofensivas armadas del CJNG en estados como Michoacán, particularmente en Aguililla, bastión del líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
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RED DE PODER, ADUANAS Y EMPRESAS FACHADA
El nombre de Rigoberto Blanco Cantú, hermano mayor de Roberto y conocido como “Rigoberto Brown”, aparece en las investigaciones como pieza clave del esquema. Fue detenido en 2022 por el FBI por operar redes de extorsión aduanal ligadas al Cártel del Golfo. Desde los cruces fronterizos de Tamaulipas, habría facilitado el ingreso de mercancías ilegales mediante amenazas, sobornos y vínculos con funcionarios.
La DEA señala que esta infiltración de los cárteles mexicanos en el sistema comercial se extiende más allá de las drogas. Los cárteles –especialmente el de Sinaloa y el CJNG– mantienen cadenas de suministro globales que cruzan América Latina, China e India, y dominan no solo el tráfico de fentanilo y metanfetamina, sino también el comercio ilícito de hidrocarburos. Sus estructuras combinan laboratorios clandestinos, redes financieras, empresas pantalla y operadores portuarios, convirtiéndolos en una amenaza multidimensional para México y Estados Unidos.
LA RESPUESTA FEDERAL
Ante esta amenaza, la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido el combate al huachicol fiscal en una prioridad. Junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha lanzado una reconfiguración institucional que incluye nuevos nombramientos estratégicos en Pemex Logística y la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos. La consigna es clara: cerrar filas en torno a la operación portuaria, limpiar las aduanas y cortar los vínculos entre empresarios criminales y operadores institucionales.
Pero el desafío es enorme. Lo que comenzó como un delito fiscal hoy es parte integral de un sistema criminal transnacional. La frontera entre lo legal y lo ilegal se ha vuelto más difusa, los métodos más sofisticados, y los actores, más poderosos. Y mientras eso no cambie, el huachicol seguirá llegando… no por ducto, sino por mar. (Con información de Infobae y Reforma)
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