08/09/2026
LANOTA.MX.- Ante el duro golpe mediático y las acusaciones lanzadas por la Fiscalía General de la República sobre una presunta red de contrabando de combustible —el llamado huachicol fiscal—, el equipo legal del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna salió a dar la cara con una fuerte contraofensiva.
Los abogados aseguraron que esos documentos clasificados y expedientes de altos mandos que la fiscalía asegura haber encontrado en un cateo en la Ciudad de México ni son de sus clientes ni tienen su firma, sino que llevan la rúbrica de del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien además es tío político de los implicados.
REITERAN SU LLAMADO PARA CITAR A OJEDA
Por medio de un comunicado que hizo público el despacho de Epigmenio Mendieta —que lleva la defensa de los hermanos Farías Laguna—, los abogados dejaron ver que este hallazgo hace más urgente que el almirante en retiro Rafael Ojeda declare, pero ya como testigo formal.
Quieren que vaya a aclarar de una vez por todas si esas firmas en los papeles oficiales son suyas, qué tanto sabía de las irregularidades en las aduanas, y de una buena vez si es verdad que se vio con el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, aquel marino que terminó asesinado en Manzanillo en noviembre de 2024.
“Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina“, soltó sin rodeos el despacho en el documento.
Y añadieron que “Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”.
EN LA BODEGA, SÓLO BAYONETA Y ESPADÍN
Por otro lado, el abogado Mendieta no dejó pasar el supuesto “arsenal” y los hallazgos de impacto que la FGR presumió con bombo y platillo tras el operativo en la capital. Mientras la dependencia pintaba el cuadro como un aseguramiento de película, el abogado aclaró de armas de alto poder no hubo nada; lo único que se encontraron fue una bayoneta vieja modelo 1954 y un espadín de utilería que el exvicealmirante usaba en sus tiempos de cadete para los desfiles patrios.
Por si fuera poco, la defensa se le fue a la yugular a la fiscalía, recriminándoles que anden queriendo vender el cateo de esa bodega como una gran primicia de última hora, cuando en los expedientes oficiales de los juzgados se ve claramente que esa orden de allanamiento al inmueble se ejecutó desde el pasado 1 de febrero.
Con este panorama encima, los abogados están exigiendo que les abran completa la carpeta de investigación, que los dejen revisar los archivos que guarda celosamente la Secretaría de Marina y que expliquen bajo qué criterios andan clasificando todo como asunto de seguridad nacional.
Sostienen que para que una red de contrabando de gasolina de ese nivel funcionara, tuvo que haber pasado por las manos y los filtros de al menos siete dependencias federales distintas, por lo que exigen que se investigue a todos por igual y con las reglas claras.
LO QUE DICE LA FGR
Del otro lado de la moneda, las investigaciones de la Fiscalía General de la República pintan un escenario bastante metódico de cómo operaba supuestamente este grupo. Según sus reportes, los barcos cargados con miles de litros de hidrocarburo salían nada menos que desde puertos en Texas, cruzando el golfo. Para no pagar los impuestos que les correspondían, los operadores simplemente declaraban en los papeles de aduana que lo que traían dentro de los buques eran aceites minerales o aditivos comunes y corrientes.
El truco, claro está, requería de una red de corrupción muy bien tejida donde funcionarios y aduanales untaban la mano para dejar pasar los cargamentos sin levantar sospechas. Y cuando de casualidad tocaba revisión, todo quedaba en una gran simulación teatral. Tal como lo señaló la propia institución, “las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”.
Para blindar el negocio y evitar que los pillaran, la organización armaba horarios milimétricos de llegada para apagar las cámaras de seguridad a la mera hora y borrar cualquier rastro en las bitácoras de descarga. Una vez que el combustible pisaba suelo mexicano, lo metían al mercado formal a través de tres empresas legalmente constituidas, apoyándose en una telaraña de prestanombres, compañías fachada y movimientos financieros para blanquear las millonadas que ganaban.
Las indagatorias de la fiscalía ya le siguieron la pista a esta estructura en estados clave como Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y, por supuesto, la Ciudad de México.
PUNTOS CLAVE:
- La defensa del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna asegura que los documentos de seguridad hallados en la CDMX están firmados por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, y no por sus representados.
- Los abogados exigen que llamen a declarar a Rafael Ojeda para que aclare qué sabía de las irregularidades y si se reunió con el asesinado contralmirante Fernando Rubén Guerrero.
- La defensa ironizó con el supuesto armamento decomisado por la FGR, señalando que solo era una bayoneta vieja y un espadín de cadete, además de exhibir que el cateo a la bodega data del 1 de febrero.
- La FGR sostiene que la red de huachicol fiscal metía combustible desde Texas declarándolo como aditivo, corrompiendo aduanas y simulando revisiones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y CDMX.
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