LANOTA.MX– El pasado 6 de diciembre, un coche bomba explotó frente a la sede de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y 12 heridas. Entre las víctimas se encuentran tres policías comunitarios, además del conductor de la camioneta y otra persona aún no identificada.
VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el atentado fue resultado de una pugna interna entre grupos delincuenciales, específicamente entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Cárteles Unidos. Señaló que el objetivo de estos grupos es el control territorial, así como la expansión de actividades ilícitas como la extorsión, el narcomenudeo, el trasiego de drogas y el tráfico de armas.
Harfuch subrayó que el ataque no fue un acto terrorista, ya que no tuvo objetivos “políticos, ideológicos, políticos y sociales”, sino que se trató de un enfrentamiento directo entre facciones criminales que operan en la región.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Inicialmente, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta por terrorismo, pero posteriormente aclaró que la investigación corresponde a la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.
Actualmente, en el caso participan 15 peritos forenses y 11 policías federales ministeriales, quienes trabajan en la recopilación de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.
CONTEXTO DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN
El uso de explosivos en Michoacán no es un hecho aislado. Autoridades han señalado que en lo que va del año se han registrado otros ataques similares en la zona, reflejo de la disputa entre organizaciones criminales que buscan dominar rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas.
La explosión en Coahuayana evidencia la escalada de violencia en la región y la complejidad de los enfrentamientos entre grupos delictivos, que no solo afectan a las fuerzas de seguridad, sino también a la población civil.
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