LANOTA.– La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quienes habrían montado un esquema de extorsión contra miles de empresarios gasolineros en México.
La denuncia, documentada por La Silla Rota, apunta a que altos mandos de la institución habrían colaborado con al menos tres organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos, para orquestar un sistema de cobros ilegales disfrazados de sanciones administrativas.
EL ORIGEN DEL NEGOCIO ILEGAL
Profeco es la dependencia federal encargada de proteger los derechos de los consumidores y vigilar el cumplimiento de normas de calidad. Sin embargo, de acuerdo con testimonios recogidos en la investigación, algunos de sus funcionarios convirtieron esa facultad en un mecanismo de presión.
El esquema habría iniciado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Ricardo Sheffield, entonces titular de Profeco, puso en marcha el programa “Quién es quién en los combustibles”, destinado originalmente a exhibir públicamente a gasolineras que vendían litros incompletos o mantenían precios elevados.
Lo que en principio fue concebido como un ejercicio de transparencia terminó siendo, según la indagatoria, una herramienta de intimidación: estaciones que se negaban a pagar eran exhibidas o sancionadas, mientras que aquellas que accedían a entregar las llamadas “vacunas” quedaban libres de inspecciones y multas.
LOS NOMBRES EN LA MIRA
La carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024 incluye a los ex titulares de Profeco: Ricardo Sheffield, hoy senador por Morena, y David Aguilar Romero, quien estuvo al frente de la institución hasta 2023.
Junto a ellos, se mencionan al menos veinte colaboradores agrupados en dos facciones: los llamados “Guanajuatenses” —afines a Sheffield— y el “Grupo Monterrey”, cercano a Aguilar Romero.
Entre los señalados se encuentra Sergio Arturo Iturbe, quien según un testigo habría pactado con Guerreros Unidos para movilizar recursos en Guerrero; y Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y hoy diputada federal, acusada de facilitar protección a empresarios ligados al CJNG a cambio de una tajada de las ganancias.
El Cártel Santa Rosa de Lima habría coordinado la recolección de pagos en diversas entidades, particularmente en Guanajuato, con apoyo de Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador de Administración en Profeco.
¿CÓMO FUNCIONABA LA RED?
Según el testimonio de un exfuncionario identificado como “Pablo”, las cuotas cobradas a los gasolineros iban de 20 mil a 25 mil pesos mensuales por estación. Estos pagos eran registrados en hojas de Excel y entregados directamente a los altos mandos de Profeco.
El dinero, además de alimentar una red de protección para los empresarios, también habría sido utilizado en contextos políticos: La Silla Rota documenta reuniones en las que Sheffield, Aguilar y De la Peña discutían la distribución de los recursos en periodos electorales.
La FGR cuenta con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y David Aguilar Romero, donde se verificaban las listas de gasolineras que habían pagado sus cuotas.
EL COMBUSTIBLE COMO TERRENO DEL NARCO
El caso refleja cómo el sector energético en México se ha convertido en un espacio de disputa criminal. Desde el auge del huachicol durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pasando por los operativos de la llamada “guerra contra el huachicol” en 2019, el mercado de combustibles ha sido terreno fértil para la corrupción y la infiltración de grupos criminales.
Ahora, según la investigación, no sólo se trataba de robo y venta de gasolina, sino de un entramado institucional que garantizaba al narco ingresos fijos y protección administrativa.
NEGACIÓN Y SILENCIO POLÍTICO
Consultado por La Silla Rota, Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de alguna indagatoria en su contra y aseguró no estar relacionado con estas prácticas. Hasta el momento, David Aguilar Romero y los otros exfuncionarios señalados no han hecho declaraciones públicas.
El caso plantea preguntas incómodas para el actual gobierno: ¿qué tanto sabían las autoridades federales de la presunta colusión entre Profeco y el crimen organizado? ¿Hasta dónde llega la red de complicidades dentro del sector energético?
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