19/05/2026
LANOTA.- La realidad del crimen organizado en Morelos ha roto cualquier límite tolerable. Durante la XII Caminata por la Paz en Cuernavaca, la Iglesia católica denunció que la delincuencia ya no sólo extorsiona a comerciantes y transportistas: ahora le cobra a los ciudadanos un impuesto obligatorio por el simple derecho a vivir y tener una casa.
El mecanismo de despojo se ensañó de forma crítica contra la comunidad de Huautla, en el municipio de Tlaquiltenango, provocando éxodos familiares y el abandono total de propiedades.
La movilización, que congregó a miles de ciudadanos desde la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros en Tlaltenango hasta la Catedral de Cuernavaca, sirvió como un crudo altavoz para las víctimas.
Contingentes de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos civiles marcharon con pancartas para exigir de forma directa el cese de los homicidios y las desapariciones forzadas que las corporaciones de seguridad pública estatales y federales han sido incapaces de contener.
EL EXILIO DE LOS SACERDOTES Y LA IMPUNIDAD QUE MATA
El asedio de los cárteles caló de forma directa en las estructuras de la propia Iglesia. El obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, confirmó que varios sacerdotes abandonaron sus parroquias tras recibir amenazas de muerte directas del narcotráfico. Este exilio forzado dejó a múltiples localidades rurales sin servicios religiosos ni centros comunitarios, consagrando un estado de abandono institucional absoluto.
“En algunos lugares ya no es sólo el cobro de piso por actividades económicas; es por vivir, sólo por tener una casa”, sentenció el jerarca católico.
La Iglesia arremetió de igual manera contra los encargados de la procuración de justicia al recordar el asesinato impune de Sandra Rosa, delegada municipal de Temoac, ejecutada por sicarios tras atreverse a denunciar públicamente las redes de extorsión que asfixiaban a su demarcación. Su muerte expone el peligro mortal que corren los ciudadanos y los líderes vecinales ante la inoperancia de las fiscalías locales.
MENTIR DESDE EL GOBIERNO TAMBIÉN ES VIOLENCIA
En un tono de denuncia frontal, Castro Castro desmanteló la retórica de pacificación que sostiene el gobierno de la entidad, advirtiendo que maquillar las cifras de criminalidad e intentar ocultar la crisis constituye una agresión directa contra las víctimas. El Episcopado recalcó que el discurso oficial choca de frente con el día a día de la población, sosteniendo que nueve de cada diez habitantes de Morelos viven con miedo.
Los indicadores delictivos ubican a la entidad en los primeros lugares de vulnerabilidad a nivel nacional en delitos de alto impacto como feminicidios, ejecuciones dolosas, violencia política y el reclutamiento forzado de menores de edad para sumarlos a las filas del narcotráfico.
Al grito de “la paz no se improvisa”, la Iglesia ligó esta crisis con las promesas rotas de 2025, cuando ya se había alertado que municipios clave como Cuautla, Huitzilac y Puente de Ixtla permanecían bajo un régimen de extorsión y sitio delictivo no resuelto.
RECUENTO DE LOS HECHOS: PUNTOS CLAVE
- Extorsión vecinal: Los grupos criminales mutaron el cobro de piso comercial y ahora exigen cuotas obligatorias a las familias sólo por habitar sus casas en municipios como Tlaquiltenango.
- Parroquias abandonadas: Múltiples comunidades rurales sufren la suspensión de cultos tras el escape de sacerdotes que fueron amenazados de muerte por el narcotráfico.
- Denuncia por simulación: La Diócesis de Cuernavaca acusó al gobierno de violencia discursiva, afirmando que mentir sobre la seguridad es una agresión y que el 90% de los morelenses vive con miedo.
- Sin protección a denunciantes: El asesinato impune de Sandra Rosa, delegada de Temoac, evidencia el desamparo absoluto de las autoridades locales y civiles que delatan redes delictivas.
- Foco rojo nacional: Morelos encabeza las listas de feminicidios, ejecuciones, extorsiones al transporte y reclutamiento forzado de adolescentes.
- Crisis estancada: Las denuncias de la XII Caminata por la Paz confirman que zonas clave como Cuautla, Huitzilac y Puente de Ixtla acumulan años bajo un estado de sitio criminal sin que el gobierno logre neutralizarlo.
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