LANOTA.– La violencia no da tregua y miles de familias siguen pagando el precio. Durante 2024, al menos 28 mil 900 personas fueron desplazadas dentro del país, según el informe Travesías forzadas del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO). El dato es alarmante: representa un aumento del 129% respecto a 2023, cuando fueron poco más de 12 mil personas.
LA VIOLENCIA, PRINCIPAL MOTOR DEL DESPLAZAMIENTO
El informe es claro: la mayoría de estos desplazamientos tienen que ver con la violencia ligada al crimen organizado. Enfrentamientos, ataques directos, explosivos y hasta drones han provocado que comunidades enteras abandonen sus hogares. La mayoría de los casos ocurrieron en zonas rurales o en regiones donde operan grupos armados con fuerza.
LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS
Cinco entidades concentran casi todo el problema:
- Chiapas, con el 61.8% de los desplazamientos. La violencia en la frontera con Guatemala desató episodios graves, como el de 600 personas que cruzaron a pie hacia ese país buscando salvarse.
- Sinaloa, con 15.5%, donde repuntaron los homicidios y desapariciones tras detenciones de líderes criminales.
- Michoacán y Chihuahua, ambos con 5.4%, y
- Guerrero, con 4.8%.
UNA PROBLEMÁTICA QUE NO SE QUIERE VER
Uno de los puntos más preocupantes del informe es que el desplazamiento interno en México sigue siendo un fenómeno invisibilizado por el Estado. No hay cifras oficiales, no existe una ley nacional, y aunque algunos estados como Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas ya tienen normas locales, no han logrado frenar el problema ni brindar atención adecuada a las personas desplazadas.
Además, las autoridades muchas veces ni siquiera reconocen oficialmente a quienes fueron desplazados, lo que impide que accedan a servicios, apoyos o reparación del daño.
LAS HUELLAS QUE DEJA EL DESPLAZAMIENTO
El estudio no solo se quedó en los números. También recopiló testimonios de quienes han tenido que huir. Las consecuencias emocionales y sociales son enormes: duelos sin cerrar, familias separadas, pérdida de hogar e identidad cultural.
En comunidades indígenas como la rarámuri, el desplazamiento ha significado la pérdida del territorio, de la lengua y de las tradiciones. Es decir, no solo se pierde una casa, se pierde un modo de vida.
¿Y LAS SOLUCIONES?
El informe insiste: México necesita con urgencia una política nacional para enfrentar este fenómeno. No basta con leyes locales o buenas intenciones. Hace falta coordinación entre gobiernos, registro de datos confiables y mecanismos claros de atención.
Y sobre todo, soluciones duraderas y dignas para quienes han tenido que abandonar su vida: retornos seguros, integración en nuevos lugares o reubicación voluntaria, pero con acceso a derechos y condiciones de seguridad.
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