LANOTA.– La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, funcionaba como un centro de reclutamiento y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque descartó la existencia de crematorios clandestinos en el lugar.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Alejandro Gertz Manero explicó que existen pruebas sólidas que acreditan el uso del predio por parte de la organización criminal.
“Está plenamente comprobado que ahí operaba el CJNG. Tenemos declaraciones, testimonios y documentos que lo sustentan. No hay lugar a dudas”, aseguró.
OMISIÓN DE AUTORIDADES LOCALES
Según detalló el titular de la FGR, desde 2021, la Comisión de Derechos Humanos del estado había alertado a las autoridades locales de Teuchitlán sobre actividades ilícitas en el sitio, sin que se emprendieran acciones por parte del gobierno municipal.
No fue sino hasta septiembre de 2024 que la Guardia Nacional llevó a cabo un cateo en el rancho, resultando en la detención de 10 personas vinculadas con el delito de desaparición forzada. En esa misma operación, se logró rescatar a dos civiles y se localizó el cuerpo de una víctima.
HALLAZGOS POSTERIORES Y NEGACIÓN DE CREMATORIOS
Meses más tarde, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de restos humanos en el lugar, lo que derivó en una nueva línea de investigación encabezada por la FGR.
Sin embargo, Gertz Manero dejó en claro que hasta ahora no hay evidencia que sustente la existencia de crematorios en el sitio.
“No hay una sola prueba que respalde esa versión”, subrayó.
Lo que sí se ha encontrado, explicó, son zanjas y hoyos que habrían sido utilizados para hacer fogatas, así como una pequeña vasija con fragmentos óseos de gran antigüedad. A pesar de ello, no se han hallado osamentas completas.
BOLSAS CON ROPA BAJO ANÁLISIS
En relación con varias bolsas que contenían ropa y fueron localizadas en otra sección del predio, el fiscal indicó que inicialmente fueron aseguradas por autoridades estatales, pero devueltas sin haber sido analizadas.
“Serán periciadas una por una y puestas a disposición de familiares de personas desaparecidas para su posible identificación”, explicó.
Hasta la fecha, se han abierto 14 procesos penales relacionados con este caso, entre ellos contra tres expolicías municipales del municipio de Tala. Además, Gertz Manero advirtió que se emitirán nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios locales que hayan participado o encubierto las actividades criminales.
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