“No nos estamos echando para atrás”: DEA promete exponer nexos entre políticos mexicanos y el narco

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Terrance Cole, administrador de la DEA.

17/11/2026

LANOTA.MX.- En medio de una ofensiva sin tregua de Washington contra las redes de protección institucional del narcotráfico, el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una advertencia lapidaria: la agencia no se echará para atrás y continuará exponiendo sin descanso los nexos entre actores políticos mexicanos y el crimen organizado.

Lejos de matizar el discurso diplomático, el funcionario estadounidense sentenció que la corrupción en México es el verdadero combustible que alimenta a los cárteles transnacionales. 

Esta postura endurecida llega apenas días después de que la justicia norteamericana dictara una condena de 22 años y medio de prisión a Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evidenciando que las redes de impunidad política y financiera están en la mira directa de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“(La) DEA sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió este martes el titular de la agencia antidrogas en su cuenta oficial de X.

La postura de Cole refuerza la advertencia lanzada apenas días antes por la propia agencia y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), en el sentido de que la persecución judicial no se limitará a los mandos operativos de los cárteles, sino que alcanzará sistemáticamente a los funcionarios públicos que les brindan protección y cobertura institucional.

EL IMPACTO DE LA SENTENCIA CONTRA “TONY MONTANA” EN ESTADOS UNIDOS

Esta ofensiva discursiva de la DEA coincide temporalmente con un duro revés judicial en los tribunales estadounidenses contra las altas esferas del narcotráfico. La jueza Beryl A. Howell, adscrita al Tribunal de Distrito de Columbia, dictó una sentencia de 22 años y medio de prisión en contra de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fallo se concretó meses después de que el propio líder criminal se declarara culpable de los delitos de tráfico internacional de drogas y cargos asociados al uso ilegal de armas de fuego. Durante el proceso, la defensa legal del imputado intentó negociar una penalidad menor de 20 años bajo el argumento de su deteriorada condición de salud y su edad —68 años—, mientras que los fiscales del Departamento de Justicia exigieron una condena de hasta 30 años de reclusión debido a la gravedad de sus operaciones delictivas.

Para el gobierno de Estados Unidos, el caso de “Tony Montana” ejemplifica la estructura corporativa y familiar de los cárteles mexicanos, cuya supervivencia financiera y logística depende de una red de complicidades políticas y financieras que la DEA ha prometido desmantelar de raíz.

SEÑALAMIENTOS CONTRA FUNCIONARIOS Y EXGOBERNADORES MEXICANOS

La estrategia de presión institucional de Washington contra la clase política mexicana no es nueva y ha escalado de manera notable desde abril pasado. En ese periodo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos —a través de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York— formalizó acusaciones penales en contra del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios estatales y municipales de alto rango, señalados de colaborar directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones de las fiscalías estadounidenses sostienen que dicha red institucional proporcionaba información confidencial y operativa proveniente de las fuerzas de seguridad y del propio Ejército Mexicano a la organización criminal a cambio de sobornos millonarios. Aquel escándalo político desató una severa crisis local que derivó en la solicitud de licencia indefinida por parte de Rocha Moya, tras el rechazo de su partido y de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para permitir su retorno al cargo.

La lista de funcionarios y operadores públicos salpicados por los expedientes de la justicia estadounidense incluye a figuras de primer nivel en la administración estatal y procuración de justicia:

  • Enrique Inzunza Cazárez: Actual senador de la república y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad.
  • Dámaso Castro Zaavedra: Exfiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
  • Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública estatal.
  • Marco Antonio Almanza Aviles: Exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía local.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Quien se desempeñaba como alcalde de Culiacán.

SANCIONES FINANCIERAS Y REDES DE CORRUPCIÓN EN LA FRONTERA NORTE

La ofensiva de Estados Unidos también ha golpeado las estructuras financieras y de blanqueo de capitales vinculadas a la política regional. En septiembre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, impuso sanciones económicas contra 21 personas y 25 empresas ligadas a la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Dentro de estas medidas punitivas se incluyó a círculos cercanos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, señalando directamente a su exesposo Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres, acusados de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa y lavar recursos a través de esquemas corporativos y campañas proselitistas. Según las agencias de inteligencia estadounidenses, Carlos Torres mantendría vínculos operativos con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de la célula criminal que opera en Mexicali.

El entramado de corrupción fronteriza también alcanzó a mandos policiales y funcionarios aduanales, entre ellos Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado de subordinar la corporación municipal a los intereses del grupo delictivo, así como a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo, acusado de facilitar influencias políticas a favor del narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”.

Estas acciones judiciales y financieras forman parte de la estrategia impulsada desde el inicio de la administración de Donald Trump, la cual combina la amenaza constante de aranceles comerciales con una agresiva persecución extraterritorial contra la narcopolítica en México, elevando la tensión bilateral en materia de seguridad nacional.

PUNTOS CLAVE

  • Advertencia directa: El director de la DEA, Terry Cole, afirmó que la agencia seguirá exponiendo los vínculos entre el narcotráfico y políticos corruptos en México.
  • Corrupción y cárteles: Cole subrayó que el crimen organizado y la corrupción institucional “van de la mano”, por lo que no frenarán las investigaciones contra operadores políticos beneficiados por los cárteles.
  • Golpe al CJNG: La postura de la agencia estadounidense se da en el contexto de la sentencia de 22 años y medio de prisión dictada en Washington contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”.
  • Foco en exgobernadores: Desde abril pasado, fiscales de Nueva York han implicado formalmente a figuras como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a diversos mandos y legisladores por proteger a facciones del narcotráfico.
  • Sanciones financieras: La OFAC también ha castigado a redes de blanqueo de capitales y operadores políticos vinculados al Cártel de Sinaloa en la frontera norte del país.

Síguenos en @LaNotaDeMexico

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp