LANOTA.MX. Tras la detención de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán, en Miami, Florida, se ha revelado que las autoridades mexicanas cuentan con órdenes de aprehensión contra otros siete exfuncionarios, entre los que destaca Silvano Aureoles Conejo, exgobernador del estado.
Las acusaciones incluyen delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
IMPLICADOS Y DELITOS
Según fuentes judiciales citadas por el diario El Universal, entre los implicados se encuentran J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Hasta el 1 de marzo de 2025, el gobierno actual de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, no se ha pronunciado al respecto.
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QUÉ ES EL PECULADO
El peculado, delito por el que se busca a Aureoles, implica el uso indebido de recursos públicos para beneficio personal o de terceros. En Michoacán, este delito está tipificado en el artículo 231 del Código Penal local, con penas que van de 2 a 14 años de prisión, multas económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, se exige la reparación del daño causado al erario.
DESVÍO DE FONDOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE AUREOLES
De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la administración de Aureoles (2015-2021) dejó un desvío de 32,666 millones de pesos de fondos federales, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este monto lo coloca como el segundo gobernador con mayor desvío de recursos, solo detrás de Javier Duarte. Entre los casos más destacados se encuentra el fraude de 5,000 millones de pesos destinados a la construcción de cinco cuarteles de la policía estatal, denunciado por el actual gobernador Ramírez Bedolla.
CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE AUREOLES
Aureoles, quien representó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfrentó durante su mandato desafíos como la violencia y el crimen organizado, y promovió programas de educación e infraestructura. Sin embargo, su gestión también fue criticada por presunta mala administración financiera y el aumento de la inseguridad. Actualmente, las denuncias en su contra son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
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