LANOTA.MX– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves que el gobierno de la Ciudad de México cobre un 2 por ciento de las comisiones a las plataformas digitales de entrega de alimentos y paquetería. Con esta decisión, el máximo tribunal revocó el amparo promovido por la empresa Uber, que buscaba frenar la medida.
CUATRO AÑOS DE POLÉMICA
El tema se había convertido en un campo de batalla legal y social durante los últimos cuatro años. Empresas tecnológicas interpusieron amparos para evitar el cobro, mientras que repartidores realizaron movilizaciones denunciando que la medida afectaría directamente sus ingresos y, en consecuencia, el bolsillo de los usuarios finales.
LA VOTACIÓN EN EL PLENO
Con una mayoría de siete votos contra dos, el Pleno de la Corte aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres, quien declaró constitucional la reforma de 2021 al artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México. La iniciativa fue impulsada en su momento por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y estableció el cobro como un “aprovechamiento”.
Las empresas argumentaban que, en realidad, se trataba de un “derecho” que generaba doble tributación, prohibida en la capital.
EL ARGUMENTO DE LA CORTE
La ministra ponente explicó que el cobro no constituye un impuesto adicional, sino un aprovechamiento: “El ingreso en estudio es un aprovechamiento, dado que, al gravar la actividad económica de las plataformas digitales de repartición de bienes y servicios que generan ganancias para las propias empresas, se busca retribuir a la ciudad porque esa actividad comercial utiliza su infraestructura para desarrollar una actividad económica que produce ganancias, pero que desgasta la infraestructura urbana”.
LO QUE VIENE
La resolución de la SCJN marca un precedente en la regulación de plataformas digitales en México. Aunque el cobro recae sobre las empresas, la discusión pública se centra en quién absorberá realmente el costo: las compañías, los repartidores o los usuarios.
La polémica no termina con el fallo judicial; apenas comienza una nueva etapa en la relación entre las plataformas tecnológicas y la ciudad que las regula..
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