LANOTA.MX– La noche del 1 de noviembre, Uruapan celebraba el Día de Muertos. Entre velas, música y altares, el alcalde Carlos Manzo caminaba entre vecinos y simpatizantes del llamado Movimiento de Sombrero. Minutos después, los disparos rompieron la fiesta. El edil cayó abatido en plena vía pública, rodeado por sus propios escoltas.
Dos semanas después, seis agentes municipales que lo acompañaban fueron detenidos por autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado (FGE). La acusación: presunta omisión en el cumplimiento de su deber. Según las primeras versiones, los policías no reaccionaron ante el ataque, y ahora enfrentan cargos por homicidio calificado por comisión por omisión.
El operativo de captura fue encabezado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y los detenidos serán trasladados a Morelia para rendir declaración. La FGE asegura contar con “datos de prueba objetivos, idóneos y científicos” que los vinculan al crimen.
EL TRASLADO DE “EL LICENCIADO”
Mientras los escoltas eran detenidos, otro nombre reaparecía en el expediente: Juan Manuel “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato. Ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado bajo fuerte resguardo al penal federal de El Altiplano, en el Estado de México.
La fiscalía sostiene que “El Licenciado” coordinó el ataque, y que dio la orden de disparar incluso si el alcalde estaba rodeado de civiles. El convoy que lo escoltó incluyó elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Civil y Seguridad Ciudadana, en un despliegue que refleja el perfil del detenido.
URUAPAN, ENTRE EL DUELO Y LA SOSPECHA
El asesinato de Carlos Manzo dejó una herida abierta en Uruapan. No solo por la violencia, sino por la sospecha de que quienes debían protegerlo pudieron haberlo traicionado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que también se investiga si los escoltas ejecutaron al agresor cuando ya había sido neutralizado.
La tardanza en los peritajes —retomados nueve días después del crimen— y la liberación de otro implicado en un “sabadazo” han alimentado el escepticismo. Mientras tanto, el “Movimiento de Sombrero” exige justicia, y la población observa cómo el caso se convierte en un nuevo capítulo de la violencia política en Michoacán, donde el CJNG sigue marcando territorio.
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