LANOTA.– En Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, alcalde local, denunció la desigualdad entre policías y delincuentes. La noticia salió a la luz el 7 de octubre, cuando Manzo solicitó al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública ametralladoras FN-Minimi y cartuchos adicionales, buscando que las fuerzas municipales tengan la misma capacidad de fuego que los grupos criminales.
La medida surge tras el hallazgo de un arsenal de armas en la zona boscosa de Toreo el Alto, donde se localizaron rifles de alto calibre y municiones que evidencian la ventaja de los delincuentes. “En un país como México, esto refleja un Estado fallido”, sentenció el alcalde, criticando la política de seguridad actual.
¿QUÉ ES LA FN-MINIMI?
- Calibre: 5,56×45 mm NATO
- Peso: 7.35 kilos
- Alcance efectivo: hasta 800 metros
- Cadencia de fuego: 700 a 1,000 proyectiles por minuto
- Uso militar estándar en la OTAN desde 1980, reconocida por su versatilidad y ergonomía
En México, esta arma solo está autorizada para el Ejército, pero para Manzo sería la única manera de equilibrar la balanza contra el crimen organizado.
CULIACÁN: CIFRAS QUE ALARMAN
Mientras tanto, en Sinaloa, la violencia sigue cobrando vidas entre los policías. El 7 de octubre, un agente estatal fue asesinado en Stanza Cantabria, elevando la cifra de policías muertos a 57 en lo que va del año. La víctima, Fernando de Jesús Lagunes García, era hijo del Secretario de Seguridad Pública de Cosalá.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, destacó la importancia de operativos coordinados y protección de los elementos, pero reconoció que la realidad es dura: los delincuentes siguen mejor armados que quienes deberían proteger a la ciudadanía.
LA BRECHA QUE PONE VIDAS EN RIESGO
Los casos de Uruapan y Culiacán muestran un patrón preocupante:
- Delincuentes con armas de alto calibre y capacidad militar
- Policías locales con recursos limitados y equipamiento insuficiente
- Altas tasas de homicidios entre cuerpos de seguridad, especialmente en Sinaloa
“La desigualdad armamentista expone a los policías y a la ciudadanía”, señaló Manzo. En Sinaloa, los números confirman esta preocupación: cada disparo del crimen organizado tiene más alcance y potencia que la respuesta oficial.
El desafío es claro: sin equipamiento adecuado y estrategias efectivas, la policía sigue siendo vulnerable, y la ciudadanía paga el precio más alto. La exigencia de los alcaldes refleja la urgencia de medidas que permitan enfrentar la delincuencia organizada con eficacia y justicia.
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