La política no siempre elige sus batallas. A veces, los frentes se abren desde fuera y golpean donde más duele: en la imagen pública y la credibilidad presidencial. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue puesta en el centro de una tormenta mediática e internacional luego de las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder histórico del Cártel de Sinaloa.
Desde Nueva York, Lichtman acusó a la presidenta mexicana de “actuar como vocera del narco”, en referencia a sus declaraciones sobre el juicio de Ovidio en Estados Unidos, donde se declaró culpable a cambio de un acuerdo. Según Lichtman, la mandataria habría pretendido trasladar la responsabilidad al sistema judicial estadounidense, en lugar de asumir el rol que México jugó en la extradición.
UNA ACUSACIÓN QUE TRASCIENDE LO JUDICIAL
Las declaraciones de Lichtman no se quedaron en el ámbito legal. Fueron una carga de profundidad contra la investidura presidencial, pues no se trató solo de defender a su cliente, sino de acusar directamente al Estado mexicano de actuar como instrumento narrativo de los cárteles. Afirmó que el caso Ovidio revela contradicciones en el discurso oficial: por un lado se celebra la captura de líderes del narcotráfico, y por otro se cuestionan las decisiones judiciales que los condenan en el extranjero.
Claudia Sheinbaum reaccionó de inmediato, calificando los señalamientos como ofensivos e irresponsables. Desde un acto público en Sinaloa —territorio simbólico para el narco— aseguró que su gobierno no establece contubernios con criminales, y que tales declaraciones eran un ataque injustificado. “Nosotros no somos cómplices de nadie”, afirmó tajante.
Pero en política, no siempre basta con negar: la imagen que queda en la opinión pública puede ser más poderosa que cualquier desmentido. La narrativa del narco como actor paralelo del poder sigue siendo un fantasma que recorre la política mexicana, y los vínculos —reales o fabricados— entre el crimen organizado y las élites gubernamentales no han dejado de ser utilizados como arma política.
LA HERENCIA DE LOS CASOS EMBLEMÁTICOS
Este no es un episodio aislado. Forma parte de una secuencia más amplia que incluye antecedentes delicados, como el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado por la DEA en 2020 y liberado tras fuertes presiones diplomáticas desde México. Ese precedente dejó abierta la sospecha de que el gobierno mexicano prefiere proteger a figuras claves del sistema militar y político antes que colaborar plenamente con la justicia internacional.
En ese contexto, el caso Ovidio —desde su captura en 2019, su liberación ese mismo día por orden del entonces presidente López Obrador, hasta su recaptura en 2023 y su extradición a EE.UU.— ha sido símbolo del vaivén entre el combate al narco y la cautela política. Ahora, con Sheinbaum al frente del Ejecutivo, el tema vuelve a poner a prueba la postura oficial ante la cooperación binacional en materia de justicia.
Las críticas de Lichtman, aunque provenientes de un abogado con intereses en el caso, no caen en el vacío: alimentan la desconfianza que parte de la sociedad mantiene sobre la verdadera autonomía del gobierno frente al crimen organizado.
