15/05/2026
LANOTA.- En un movimiento que sacude los cimientos de la política nacional, el sistema financiero mexicano ha recibido la orden de asfixiar económicamente al círculo más íntimo del poder en Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha formalizado el bloqueo de activos de Rubén Rocha Moya, titular del Ejecutivo estatal, junto a sus hijos y una estructura de funcionarios clave, tras ser vinculados en un expediente criminal radicado en Nueva York.
Según reporta la revista digital EMEEQUIS, esta determinación se sustenta en el Acuerdo 156/2026, una directriz emitida el 6 de mayo que instruye a la banca nacional a congelar de forma inmediata cualquier recurso, cuenta o fondo de inversión relacionado con los señalados. La medida busca neutralizar la capacidad operativa de una presunta red de protección que habría servido a los intereses de la facción delictiva de “Los Chapitos”.
La operatividad del bloqueo se gestionó a través del sistema SITI PLD/FT de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), plataforma donde los oficiales de cumplimiento de cada banco fueron alertados. A partir de esta notificación, las entidades tienen un margen de diez días para reportar la inmovilización total de los fondos, impidiendo cualquier retiro o transferencia por parte de los involucrados.
LA SOLICITUD DE ESTADOS UNIDOS
Este golpe administrativo ocurre bajo la sombra de un conflicto transnacional. En Estados Unidos, la justicia federal ha escalado el caso solicitando formalmente órdenes de aprehensión con fines de extradición. Los fiscales neoyorquinos sostienen que el gobierno sinaloense no solo fue omiso, sino que participó activamente en la protección de actividades ilícitas y el tráfico de drogas hacia el país vecino.
Hasta el momento, la administración central en Ciudad de México ha optado por la vía de la presión económica antes que la fuerza física; aunque la UIF ha sido contundente, la Secretaría de Seguridad no ha confirmado capturas. El enfoque actual parece centrado en desmantelar la base financiera que permite la operatividad de los señalados mientras se resuelven las peticiones de los tribunales estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que su gobierno no actuará fuera de los protocolos establecidos. El mensaje es claro: cualquier entrega de ciudadanos mexicanos a cortes extranjeras se ejecutará estrictamente bajo los tratados de cooperación bilateral y el respeto al debido proceso, manteniendo abiertas las carpetas de investigación en ambos lados de la frontera.
RADIOGRAFÍA DE LOS ACTIVOS CONGELADOS
LA CÚPULA POLÍTICA
- Rubén Rocha Moya: El gobernador es señalado de haber pactado el control de posiciones estratégicas en su gabinete a cambio de financiamiento y apoyo electoral.
- Enrique Inzunza Cázares: El senador es descrito por las agencias estadounidenses como el interlocutor principal entre el Palacio de Gobierno y los líderes del cártel.
- Enrique Díaz Vega: Exfuncionario de finanzas acusado de coordinar la logística de información confidencial para eliminar a competidores políticos de la organización.
EL APARATO DE SEGURIDAD BAJO SOSPECHA
Mandos de diversas corporaciones habrían recibido nóminas paralelas por concepto de “protección institucional”:
- Gerardo Mérida Sánchez: Señalado por boicotear redadas mediante filtraciones oportunas.
- Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras (“Cholo”): Se les atribuye el cobro de 16,000 USD mensuales por garantizar la impunidad de sicarios detenidos.
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): Comandante estatal que presuntamente traficaba municiones oficiales hacia el grupo criminal.
ALCALDÍAS Y FISCALÍAS
- Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal): Acusado de vender inmunidad procesal y permitir la alteración de escenas del crimen por 11,000 USD al mes.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: El alcalde de Culiacán es vinculado con la recepción de pagos en efectivo para evitar la intervención de la policía municipal en las zonas de influencia del cártel.
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): Jefe policial señalado por la entrega de personas retenidas a grupos de ejecución.
PUNTOS CLAVE
- Bloqueo Total: La UIF inmovilizó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, sus hijos y sus colaboradores más cercanos.
- Instrumento Legal: La medida se ejecutó bajo el Acuerdo 156/2026 de la CNBV tras alertas de lavado de dinero y narcotráfico.
- Vínculo Criminal: La Corte de Nueva York acusa a los implicados de operar una red de protección a favor de “Los Chapitos”.
- Extradición en Trámite: Existen solicitudes formales de captura internacional contra varios de los funcionarios señalados.
- Respuesta de la Presidenta: Claudia Sheinbaum asegura que se seguirán los tratados internacionales y el marco legal vigente para procesar el caso.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
