29/05/2026
LANOTA.- El calendario judicial de la Costa Este de los Estados Unidos no se detiene por la política mexicana, y el viernes 29 de mayo de 2026 trajo consigo la notificación que acelera los pulsos en el Palacio de Gobierno de Culiacán. El próximo lunes 1 de junio, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez dejará por unas horas su celda de resguardo para ingresar formalmente a la sala de la jueza federal Katherine Polk Failla, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Será el primer careo frente a frente con la maquinaria penal estadounidense de un funcionario de primer nivel de la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. La fecha quedó sellada luego de que la fiscalía comandada por Jay Clayton operara con la velocidad que caracteriza a los expedientes de seguridad nacional, forzando un inicio de hostilidades legales bajo el estricto amparo de la Ley de Juicio Rápido (Speedy Trial Act).
DE LA INTELIGENCIA MILITAR A LA GARITA DE ARIZONA
Quienes conocieron la gestión de Mérida Sánchez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, recuerdan a un hombre de pocas palabras, forjado en la rigidez de la inteligencia militar y los mandos territoriales del Ejército Mexicano. Su designación por parte de Rocha Moya pretendía inyectar orden institucional a un estado permanentemente bajo fuego. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de esta crónica ocurrió lejos del ruido de las balas sinaloenses, en el silencio fronterizo de Nogales, Arizona.
El pasado 11 de mayo, a sus 66 años y arrastrando el peso de un expediente federal secreto en su contra, el general cruzó a pie la garita internacional para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Con ese paso, se convirtió en el primero de los 10 funcionarios del círculo cercano del gobernador en abrir la puerta de los tribunales norteamericanos. Cuatro días después, ya en Nueva York, escuchó los tres cargos criminales que lo vinculan al narcotráfico internacional y, con voz firme, se declaró no culpable.
LA BITÁCORA DE UNA PRESUNTA TRAICIÓN INSTITUCIONAL
La tesis que los fiscales de Nueva York pondrán sobre el escritorio de la jueza Failla dibuja una administración estatal entregada a las sombras. Según los documentos de la investigación federal, la Fiscalía General estadounidense sostiene que Mérida Sánchez no persiguió al crimen organizado, sino que convirtió la estructura de la seguridad pública local en un escudo protector exclusivo para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Los detalles de la acusación son quirúrgicos. Se habla de una logística criminal que incluía el flujo constante de pagos ilícitos que terminaban en las manos del general en retiro, pero, sobre todo, de un delito que en Washington se castiga con severidad: la filtración sistemática de información confidencial. Cada que el Gobierno Federal o las Fuerzas Armadas programaban un despliegue táctico en el corazón del territorio de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, las alertas presuntamente viajaban primero desde la oficina de Mérida hacia las frecuencias de la organización criminal.
LA TORMENTA QUE SE AVECINA SOBRE CULIACÁN
La audiencia de este lunes 1 de junio en Manhattan no es un hecho aislado; es el primer eslabón de un efecto dominó que ya provoca frío en la política sinaloense. Apenas en las últimas horas, las noticias del arribo a suelo estadounidense del exsecretario de Finanzas de Rocha Moya tras entregarse en Irlanda, sumadas al bloqueo de cuentas bancarias ejecutado por la Asociación de Bancos de México (ABM) por riesgos fiscales cruzados con Pemex, confirman que el cerco financiero y judicial está cerrándose por múltiples flancos.
Aunque desde la Ciudad de México el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha salido al paso aclarando que no existe una ficha roja de Interpol en contra de Rubén Rocha Moya, el inicio de las conferencias previas al juicio en Nueva York cambia las reglas del juego. La inocencia formal de la que aún goza Mérida Sánchez comenzará a contrastarse con las bitácoras, grabaciones y testimonios que el Departamento de Justicia ha acumulado. Este lunes, el general que custodiaba los secretos de Sinaloa hablará ante una corte federal, y en Culiacán más de uno ha comenzado a contener la respiración.
PUNTOS CLAVE DE LA CAUSA JUDICIAL
- Fecha de comparecencia: El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá el lunes 1 de junio de 2026 ante la jueza Katherine Polk Failla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
- Cargos imputados: La Fiscalía de EE.UU. lo acusa formalmente de tres delitos: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento de alto calibre.
- Vínculo criminal: El Departamento de Justicia sostiene que Mérida Sánchez utilizó su cargo (septiembre 2023 – diciembre 2024) para brindar protección, filtrar información operativa y recibir pagos ilícitos de la facción de Los Chapitos.
- Entrega voluntaria: El general en retiro de 66 años se entregó el 11 de mayo en la frontera de Arizona, siendo el primero de de diez funcionarios de la administración de Rubén Rocha Moya implicados en la investigación federal.
- Estatus procesal: El acusado ya se declaró “no culpable” en su lectura inicial de cargos el 15 de mayo. La sesión de este 1 de junio definirá el calendario definitivo del litigio bajo la Ley de Juicio Rápido.
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