9/06/2026
LANOTA.- A una semana de la violenta sustracción de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y las fuerzas federales ejecutaron la captura de seis personas presuntamente vinculadas al crimen.
Sin embargo, las detenciones lejos de traer certeza han desatado una ola de indignación local y denuncias de violaciones a los derechos humanos, colocando bajo la lupa los métodos de la autoridad para resolver el caso de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste.
Las líneas de investigación sobre el móvil transitan por dos vertientes críticas que la Fiscalía maneja con estricto hermetismo. La primera y principal apunta a su labor informativa, incómoda para ciertos sectores de la región sur de Veracruz. La segunda hipótesis indaga en conflictos de interés dentro del entorno laboral de la zona industrial, debido al perfil de los hoy asegurados.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Rocío Nahle han evitado fijar una postura definitiva argumentando el sigilo del proceso, el despliegue del gabinete de seguridad federal liderado por Omar Hamid García Harfuch confirma que el móvil criminal posee ramificaciones de alto impacto en la entidad.
DETENIDOS CLAVE: TRABAJADORES DE PEMEX Y UN ABOGADO EN LA MIRA DE LA FISCALÍA
Los operativos que llevaron a las capturas se ejecutaron entre la noche del viernes 5 y la madrugada del sábado 6 de junio en los municipios de Nanchital, Moloacán y Cuichapa. Los sospechosos, hoy recluidos en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, no corresponden al perfil común de sicarios de una célula delictiva, lo que ha complejizado el análisis del móvil del secuestro.
Entre los presentados ante el juez de control se encuentran dos trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), un abogado postulante de la región, un empleado administrativo del Colegio de Bachilleres (COBAEV) y dos individuos adicionales cuyas identidades permanecen bajo reserva legal.
Para sostener la legalidad de la detención y formular la imputación por privación ilegal de la libertad, la FGE —encabezada por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre— presentó como pruebas principales la geolocalización y triangulación de los dispositivos móviles de los acusados, los cuales presuntamente coinciden en tiempo y espacio con la ruta que siguió el vehículo utilizado por los captores el pasado 2 de junio.
Además, las autoridades ministeriales aseguran contar con testimonios y registros de llamadas telefónicas que vinculan a los implicados antes y después de que irrumpieran en el domicilio de la calle Balderas.
VIOLENCIA EXTREMA EN LOS OPERATIVOS DESATA ACUSACIONES DE “CHIVOS EXPIATORIOS”
La versión de la Fiscalía choca de frente con los testimonios de los familiares de los detenidos, quienes han salido a las calles de Coatzacoalcos a denunciar que las capturas son una simulación para presentar “resultados exprés” ante la presión mediática nacional. De acuerdo con las familias, los agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública actuaron sin órdenes de aprehensión ni de cateo vigentes al momento de la irrupción.
“Nos agreden, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan… destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas”, relató con crudeza Ana Itzel Contreras, testigo presencial de uno de los arrestos, quien aseguró que los cargos imputados son completamente falsos.
Esta contradicción ensombrece el avance de las investigaciones. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y la Guardia Nacional mantienen cercado el sur de Veracruz en la búsqueda de Roxana Guzmán, el proceso judicial contra los seis detenidos arranca bajo la sospecha de fabricación de culpables, una práctica recurrente en el estado que históricamente entorpece el acceso a la verdad y prolonga la impunidad en los ataques contra la prensa.
PUNTOS CLAVE
- Perfil de los detenidos: Las seis personas capturadas incluyen a dos empleados de PEMEX, un abogado y un trabajador del COBAEV, alejados del perfil típico de la delincuencia organizada.
- Móviles bajo sospecha: La investigación indaga tanto una represalia por la labor periodística de Roxana Guzmán como conflictos de interés vinculados al sector industrial de Nanchital.
- Evidencia tecnológica: La Fiscalía sustenta el caso en la geolocalización de los celulares de los detenidos y el rastreo en video de la ruta de escape del vehículo de los captores.
- Denuncia de abusos: Familiares de los sospechosos acusan que los operativos fueron extremadamente violentos, sin apego a derecho y con el fin de fabricar culpables rápidos.
- Coordinación federal: El caso es supervisado directamente por la SSPC Federal y mantiene un despliegue operativo de la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional en el sur del estado.
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