15/06/2026
LANOTA. El asesinato del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y de su hijo Celestino Orocio Cruz en la región de la Costa, ha vuelto a encender las alarmas sobre la profunda crisis de vulnerabilidad que enfrentan las autoridades locales en Oaxaca.
El doble homicidio, perpetrado con armas de fuego mientras las víctimas se encontraban al interior de una obra en construcción en la localidad de Cieneguilla, no es un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón de violencia política y criminal que avanza de forma sistemática ante la persistente impunidad institucional.
Oaxaca se ha convertido en un territorio de alto riesgo para quienes ejercen o han ejercido el poder municipal. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el despliegue de peritos y agentes de investigación en el paraje Camino a San José Ixtapam, pero las diligencias forenses y el aseguramiento de indicios balísticos ocurren dentro de una alarmante inercia donde las carpetas de investigación se acumulan sin desarticular a las estructuras criminales.
OAXACA BAJO EL FUEGO: CINCO ALCALDES ASESINADOS Y UNA OLA DE ATENTADOS
La velocidad y la saña con la que se ejecutan las agresiones contra funcionarios públicos municipales configuran una crisis de gobernabilidad que las estrategias estatales no han logrado contener. Con el homicidio de Carlos Orocio Cruz —quien gobernó San Juan Quiahije durante el trienio 2023-2025— la entidad suma una lista negra de al menos cinco presidentes municipales o alcaldes electos ultimados en los últimos años.
La alarmante temporalidad de estos crímenes demuestra la desprotección total del mapa político local. Apenas veinticuatro horas antes del ataque en la Costa, fue reportado el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en la Mixteca.
Solo tres días atrás, el alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa, logró sobrevivir a una emboscada armada, lo que evidencia que la ventana de tiempo entre atentados se ha reducido drásticamente, consolidando una atmósfera de intimidación generalizada en los ayuntamientos oaxaqueños.
LA RUTA DE LA SANGRE Y EL MAPA DE LA IMPUNIDAD INSTITUCIONAL
La geografía del terror en Oaxaca no discrimina regiones ni sistemas de gobierno; desde la Sierra Sur hasta la Mixteca y la Costa, los grupos delictivos han desafiado al Estado atacando incluso los corazones institucionales de los municipios. Uno de los antecedentes más graves se registró en el Palacio Municipal de San Mateo Piñas, donde un comando armado ingresó para ejecutar de forma directa a la presidenta municipal, Lilia Gema García Soto, y a un funcionario de su administración.
La cadena de homicidios que nutre la impunidad en la entidad federativa incluye la emboscada y ejecución en plena vía pública del edil de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, el ataque mortal con arma blanca en contra del munícipe de Candelaria Loxicha, Román Ruiz Bohórquez, y el asesinato del alcalde electo de San Pedro Mixtepec, Crispín Hernández Vásquez, ultimado semanas antes de tomar posesión bajo el régimen de sistemas normativos internos.
Cada uno de estos expedientes comparte la misma constante: investigaciones burocráticas lentas que rara vez alcanzan a los autores intelectuales, permitiendo que el vacío de poder sea capitalizado por la violencia.
EL SILENCIO DEL PODER Y LA CONDENA COMUNITARIA
Mientras los cabildos locales y los municipios vecinos —como Santa Catarina Juquila— emiten pronunciamientos públicos de condena, las comunidades indígenas y rurales se enfrentan al desamparo. El Ayuntamiento de San Juan Quiahije remarcó que las víctimas se habían reintegrado a las actividades productivas de la construcción tras una vida de servicio en diversos cargos comunitarios, lo que expone que las persecuciones y venganzas no terminan cuando los funcionarios concluyen sus mandatos constitucionales.
La persistencia de estos ataques debilita el tejido democrático del estado y obstruye la renovación de liderazgos en comunidades que se rigen por usos y costumbres, donde el temor a represalias armadas aleja a los ciudadanos de la participación pública. El caso de San Juan Quiahije vuelve a colocar a Oaxaca ante el espejo de una realidad incómoda: un escenario donde las armas de fuego dictan las reglas del poder municipal y las promesas de justicia oficial naufragan de manera perenne.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Doble homicidio en la Costa: El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz (periodo 2023-2025), y su hijo Celestino fueron ejecutados a balazos en una obra en construcción en la localidad de Cieneguilla.
- Escalada de violencia en menos de 72 horas: El crimen del exedil coincide con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, y el atentado fallido contra César Figueroa, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
- Patrón de impunidad: Con este caso, suman al menos cinco alcaldes o alcaldes electos asesinados en Oaxaca desde 2022, afectando a municipios de la Sierra Sur, Mixteca y la Costa, sin que existan detenciones contundentes de los autores intelectuales.
- Ataques dentro de sedes oficiales: Los antecedentes reflejan la audacia de los grupos delictivos, quienes han llegado a ingresar a recintos institucionales, como ocurrió en el asesinato de la alcaldesa Lilia Gema García Soto dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas.
- Vulnerabilidad post-mandato: El asesinato del exalcalde de San Juan Quiahije evidencia que las amenazas y agresiones en la entidad persiguen a las exautoridades incluso después de haber concluido su ejercicio constitucional y regresado a la vida civil.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
