6/07/2026
LANOTA.- El discurso oficial que promovía a las Fuerzas Armadas como el escudo definitivo contra la corrupción en los puntos fronterizos de México enfrenta su crisis más severa. La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un despliegue judicial de gran envergadura para capturar a tres altos mandos del Ejército Mexicano, quienes presuntamente facilitaron el contrabando de 144 millones de litros de combustible a través de la Aduana de Matamoros, consolidando uno de los episodios de delincuencia institucionalizada más graves del sector energético en la historia reciente.
De acuerdo con reportes periodísticos del diario Reforma, las órdenes de aprehensión apuntan de forma directa hacia los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García —ambos con el cargo de titulares del recinto fiscal de Matamoros en un periodo continuo entre 2024 y 2026—, además de sumar al teniente de la Policía Militar, Jorge García García, quien operaba estratégicamente desde la subdirección de Operación Aduanera de la misma demarcación.
MANDO MILITAR BAJO SOSPECHA INSTITUCIONAL
Las pesquisas integradas en la carpeta de investigación de la fiscalía revelan un preocupante cruce de funciones de alta seguridad con la delincuencia común; Barrera Trujillo llegó a ocupar la dirección de esa aduana por designación directa del General André Georges Foullon Van Lissum (exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)), un cargo al que accedió respaldado por sus antecedentes como jefe de Inteligencia y Operaciones en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
Este triunvirato castrense forma parte de un entramado mucho más amplio de trece órdenes de aprehensión fijadas por un juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual incluye tanto a servidores públicos de la infraestructura aduanera como a particulares vinculados a agencias de comercio exterior y empresas del ramo energético.
El estatus legal de los involucrados es dispar, aunque con un común denominador de evasión: mientras el expediente judicial detalla que a Sarabia García y García García se les persigue de manera concurrente por delincuencia organizada y contrabando calificado, a Barrera Trujillo se le imputa únicamente el primer cargo; al día de hoy, los tres militares se encuentran prófugos de la justicia.
OPERATIVOS Y DETENCIONES CLAVE DEL CASO
Hasta este momento, el balance operativo de las autoridades federales registra la captura y procesamiento de siete de los implicados desde principios de año, de los cuales seis cumplen la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano y en el Centro Federal Femenil de Morelos, mientras que solo un imputado logró obtener el beneficio de reclusión domiciliaria.
La línea de investigación trazada por la fiscalía especializada en delitos de hidrocarburos señala que la célula delictiva operaba bajo el liderazgo logístico y financiero de Armando III Riestra Fernández, accionista principal de la firma Servicios Aduanales JR, con sede en Reynosa, un personaje clave que permanece en reclusión en el Altiplano desde las primeras semanas de este año.
Los mecanismos de huachicol fiscal documentados demuestran que, en un lapso de apenas dos meses —entre junio y julio de 2025—, dicha agencia aduanal tramitó la internación ilegal de más de 144.5 millones de litros de carburantes (diésel, naftas y gasolinas), falsificando los pedimentos para declarar la carga como solución de cloruro de calcio.
LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA DEL FRAUDE
La infraestructura del fraude requería de empresas fachada receptoras de los hidrocarburos ilícitos; la FGR ha identificado como las principales importadoras a Jumandi Group, radicada en la ciudad de Aguascalientes, y Ferroservicios, cuyas instalaciones operan en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.
Los textos ministeriales contenidos en la orden de captura describen explícitamente una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas Armadas que controlaron la aduana en ambas administraciones sucesivas: la de Barrera Trujillo durante gran parte de 2024 y 2025, y la de Sarabia García, quien tomó el control del punto fronterizo a partir de julio de 2025 para presuntamente dar continuidad a la operación delictiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
ALERTAS DE SEGURIDAD POR PERFIL DE LOS IMPUTADOS
Finalmente, la representación social alertó sobre los retos de seguridad que implica la captura de estos perfiles, haciendo notar que tanto los tenientes coroneles como el teniente de la Policía Militar cuentan con instrucción en el manejo de armas y combate, un factor que obligará a implementar condiciones especiales de seguridad y custodia extrema en el momento en que ingresen al sistema penitenciario federal.
PUNTOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
- Magnitud del fraude: Contrabando fiscal de 144,508,856 litros de combustibles (diésel, nafta y gasolina) ingresados ilegalmente al país.
- Modus operandi: El hidrocarburo fue declarado falsamente ante el recinto fiscal como solución de cloruro de calcio entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.
- Mandos militares implicados: Órdenes de aprehensión vigentes contra los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García (exdirectores de la Aduana de Matamoros) y el Teniente de Policía Militar Jorge García García; los tres se reportan como prófugos.
- Líder de la red: Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V. (Reynosa), señalado como el jefe de la organización y actualmente preso en el Altiplano.
- Empresas involucradas: Jumandi Group (Aguascalientes) y Ferroservicios (Querétaro) figuran en la carpeta como las compañías importadoras del combustible ilícito.
- Estatus judicial general: Trece personas indiciadas en total; siete ya han sido detenidas y procesadas a lo largo de este año.
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