LANOTA.– El 27 de julio de 2025, la madre de Fernando vivió el inicio de una pesadilla: su hijo desapareció sin dejar rastro. Lo que parecía un extravío pronto se reveló como un secuestro planeado por conocidos suyos, en represalia por una deuda de mil pesos que no había podido pagar.
Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tres personas —identificadas como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”— privaron de la libertad al menor y le enviaron un mensaje directo a la madre: “No te lo vamos a devolver hasta que pagues”. La advertencia, envuelta en tono de amenaza, era clara: o conseguía el dinero, o no volvería a ver a su hijo.
La madre acudió desesperada ante las autoridades para denunciar el hecho, pero también comenzó a buscar por su cuenta. Las pistas eran vagas y el miedo se mezclaba con la impotencia: ¿cómo reunir mil pesos cuando apenas se tiene para comer?
LA CASA DEL HORROR: UN COSTAL, UNA VIDA TRUNCADA
Fue el 4 de agosto cuando el horror se confirmó. La policía local, tras seguir una denuncia anónima y coordinarse con la FGJEM, encontró el cuerpo de Fernando en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino. Estaba escondido dentro de un costal, en avanzado estado de descomposición, en un cuarto que funcionaba como bodega. El hedor era insoportable. El silencio, ensordecedor.
De acuerdo con testigos, el niño sufría constantes maltratos desde antes de su muerte. Una vecina, Karen Reséndiz, declaró que lo había visto pidiendo comida en la calle, con signos de golpes, sin que nadie hiciera nada. “Era un niño callado, como asustado todo el tiempo. Una vez me dijo que le dolía el estómago porque no había comido en dos días”, relató a medios locales.
El ambiente en que vivía el pequeño estaba marcado por el abandono, la precariedad y el desinterés institucional. Nadie intervino. Nadie lo protegió. El Estado llegó tarde, otra vez.
DETENCIONES, INVESTIGACIÓN Y UN SISTEMA QUE FALLA
Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión contra los tres presuntos responsables. Hoy se encuentran recluidos en el penal de Nezahualcóyotl y enfrentan cargos por desaparición de persona cometida por particulares y homicidio calificado.
La FGJEM también ha abierto una línea de investigación sobre violencia familiar, omisión de cuidados y encubrimiento, pues todo apunta a que varios adultos sabían lo que estaba ocurriendo y no actuaron. La fiscalía cuenta con testimonios y evidencia de que el niño estuvo retenido durante varios días, posiblemente sufriendo tortura, antes de ser asesinado.
El crimen ha causado indignación social y mediática, pero no es un caso aislado. El Estado de México encabeza los índices de violencia infantil y desapariciones de menores en el país. Las redes de protección fallan, los protocolos son lentos, y las familias vulnerables siguen quedando a merced de entornos hostiles.
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