LANOTA.– Los trenes avanzaban, las obras no se detenían. Pero debajo de la maquinaria pesada, entre los tramos selváticos y las hectáreas recién abiertas al paso del concreto, operaba un grupo criminal que vio en el megaproyecto federal una oportunidad de oro. Su nombre: “La Barredora”.
Según documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consultados por medios como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la organización criminal orquestó un esquema de suministro de diésel robado —el famoso huachicol— para alimentar las obras del Tren Maya, en especial los tramos 4 y 5. El plan era ambicioso: abastecer hasta 180 mil litros semanales, a través de una red que incluía renta de predios, empresas fachada y distribución interestatal.
UNA RED CON NOMBRE Y APELLIDO
Detrás de esta maquinaria paralela —más aceitada que la oficial— aparece un nombre conocido en Tabasco: Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. De acuerdo con el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (CERFI), Bermúdez no solo toleró, sino lideró la operación logística del grupo criminal, utilizando su influencia para abrir caminos, asegurar territorios y proteger intereses ilícitos.
El vínculo no termina ahí. Su sobrino, Raúl Bermúdez Arreola, ex funcionario de Fonatur, estuvo a cargo de la supervisión del Tramo 5 del Tren Maya, pero fue separado del cargo tras ser acusado de corrupción. Según reportes de prensa, Raúl rentaba las Villas Chackté, en Cancún, a particulares, a pesar de ser propiedad pública. Fonatur informó en diciembre de 2021 que había presentado su renuncia tras los señalamientos.
COMBUSTIBLE ILEGAL, NEGOCIOS LEGALES
Conversaciones intervenidas por la Sedena entre miembros de “La Barredora” revelan que el grupo ofrecía diésel extraído del puerto de Dos Bocas a 16.50 pesos el litro, sin factura, y planeaba distribuirlo en Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato. En uno de los intercambios citados por MCCI, un operador financiero llamado Gabriel ofrecía 300 ferrotanques de diésel USLD a un precio aún más bajo: 14.50 pesos, con un “cargo obligatorio” de 25% por supuestas acciones del SAT.
La red criminal incluso intentó penetrar la propiedad federal. En enero y febrero de 2022, la Sedena detectó que la exesposa de uno de los miembros del grupo intentó rentar nueve hectáreas en Quintana Roo al gobierno federal por 700 mil pesos al mes por hectárea, justo donde pasaría el Tren Maya. “Chua propuso a JJ invertir para el trámite y cerrar el contrato”, se lee en los reportes militares.
UNA HERENCIA POLÍTICA QUE NO SE ROMPIÓ
Mientras la operación crecía, Hernán Bermúdez seguía al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, incluso después de que Adán Augusto López dejara la gubernatura para integrarse al gabinete de López Obrador como secretario de Gobernación. Su sucesor, Carlos Merino Campos, optó por mantenerlo en el cargo, a pesar de los vínculos señalados con redes de huachicol.
Los informes incluyen jerarquías, fotografías y nombres completos. Los caminos del Tren Maya, diseñados para conectar el sureste con el desarrollo, fueron colonizados por estructuras criminales que operaban con una eficiencia espeluznante, protegidas por el silencio institucional y la opacidad en las contrataciones.
El Tren Maya no solo corre sobre rieles. Corre sobre una red de complicidades.
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