LANOTA.– En un operativo coordinado por la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas. El motivo: presuntos delitos financieros como lavado de dinero, corrupción y simulación de operaciones fiscales.
De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió los permisos para operar casinos de dos empresas ligadas a la familia Bermúdez —incluyendo Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, con operaciones como CrownCity y CityBets— por irregularidades en su operación, tanto virtual como física.
ANTECEDENTES JUDICIALES
Desde noviembre de 2024 la Fiscalía de Tabasco investiga a Bermúdez Requena como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, con acusaciones por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. En febrero de 2025 se libró una orden de aprehensión, seguida por una ficha roja de Interpol, sin que el acusado haya sido aún detenido. El jueves anterior, un juez negó la suspensión definitiva solicitada, lo que permite su captura inmediata.
EL HILO DE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
Un informe detalló cómo la cercanía entre la familia Bermúdez y Adán Augusto López Hernández —hoy senador y exsecretario de Gobernación— recorre dos etapas clave de su carrera: una como notario público en Villahermosa y otra como jerarca de Segob.
- En noviembre de 2017, en la Notaría 27 de Tabasco, donde fungía como notario, López Hernández fue el testigo de constitución de la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, fundada por Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario prófugo.
- En julio y noviembre de 2018, esa sociedad obtuvo permisos para operar apuestas físicas y en línea, expedidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos de Segob.
- Finalmente, en octubre de 2022, cuando López estaba al mando de Segob, Pur Umazal Tov —otra empresa vinculada a los Bermúdez— recibió una ampliación de permiso por 10 años, extendiendo su vigencia hasta 2039.
Ciudadanos y periodistas señalan una especie de círculo: el actual coordinador de Morena en el Senado firmó como notario la creación de una empresa y, años después, como funcionario federal, autorizó su actividad durante una década. López Hernández ha defendido su postura al afirmar que nunca sospechó irregularidades en Hernán Bermúdez y, de haberlo hecho, “inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo”.
RELATO POLÍTICO
- Fortaleza legal y corporativa: en 2017, el notario Adán Augusto legitima la creación de una empresa asociada a los Bermúdez.
- Licencias federales: en 2018, ese proyecto recibe permisos federales para operar apuestas en línea y locales físicos.
- Ampliación clave: en octubre de 2022, ya como secretario de Gobernación, otorga una extensión de 10 años a la concesión, aún vigente.
Esta trayectoria documental alimenta la suspicacia sobre un posible conflicto de interés: la misma figura que posibilitó la constitución legal de la empresa, otorgó luego su expansión operativa.
EXIGEN RESPUESTAS: VOCES DESDE EL PODER LEGISLATIVO
El diputado estatal Octavio Martínez Vargas ha exigido una investigación inmediata. Señala que, de confirmarse la irregularidad, López Hernández debería separarse de cualquier cargo público. Además, propone revisar los marcos regulatorios para impedir que intereses privados contaminen las decisiones de Segob.
ALCANCE INTERNACIONAL
En Paraguay, el sobrino de Bermúdez Requena fue detenido bajo acusaciones de operar apuestas clandestinas mediante cadenas como Crown City, propiedad del grupo familiar. El caso pone en evidencia la expansión internacional de estas operaciones, mientras la justicia mexicana intensifica su escrutinio doméstico.
BALANCE FINAL
La combinación de decisiones notariales, judiciales y administrativas, todas protagonizadas por Adán Augusto López Hernández, construye un relato con tintes políticos, institucionales y legales. Las sombras del caso Bermúdez se proyectan en la esfera legislativa, mientras millones de pesos y permisos estratégicos son revisados bajo la lupa de la transparencia y la anticorrupción en México.
La expectativa gira ahora en torno a las respuestas oficiales y las acciones que emprenda el gobierno federal, que deberá demostrar si la rendición de cuentas supera la cercanía política y familiar en un caso que sacude los cimientos de la confianza pública.
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