LANOTA.- Julieta del Río Venegas, excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió que persisten muchas dudas sobre cómo será tratado el conjunto de datos personales de la ciudadanía en el marco de las reformas legislativas en curso, particularmente en temas sensibles como el uso de datos biométricos.
A través de una serie de mensajes difundidos en sus redes sociales, Del Río Venegas alertó que el artículo 16 de la nueva Ley General de Datos Personales exime a los responsables del tratamiento de información personal de requerir consentimiento, siempre que existan leyes que así lo establezcan. Lo preocupante, apuntó, es que actualmente hay diversas reformas en proceso —como las relativas al CURP biométrico, la Ley General de Población y el Sistema Nacional de Investigación— que podrían abrir la puerta al uso intensivo de datos personales sin que el ciudadano pueda oponerse.
“Ya no se requiere el consentimiento de la persona para tratar sus datos biométricos, si hay legislación que lo sustente. Y esas legislaciones están en curso”, señaló la excomisionada.
DEBEN DECIR TRATAMIENTO QUE DARÁN A DATOS PERSONALES
No obstante, subrayó que incluso en ese escenario, las autoridades están obligadas a hacer visible y accesible el aviso de privacidad que informe claramente sobre el tratamiento que se dará a los datos personales, particularmente los biométricos, antes de recabarlos.
Del Río puso como ejemplo el caso del CURP biométrico, propuesto como futuro documento de identificación oficial. La pregunta, señaló, es inevitable: ¿qué pasará con la credencial del INE como medio de identificación y control electoral?
“Si el CURP biométrico sustituirá documentos oficiales, como parece ser, debemos saber con claridad cómo y quién manejará esos datos, y bajo qué controles y límites”, advirtió.
Finalmente, la excomisionada hizo un llamado directo al Poder Legislativo para que estos cambios no se aprueben sin una socialización clara y con suficiente debate público, especialmente ante el riesgo de que las nuevas disposiciones vulneren derechos fundamentales.
“Se requiere transparencia y claridad, pero sobre todo, que los cambios legislativos no vulneren nuestras libertades ni debiliten la protección de datos en México”, concluyó.
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