LANOTA.– Con 330 votos a favor, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta legislación autoriza al gobierno federal a crear “Llave MX”, una plataforma digital que integra una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP), ahora con datos biométricos como huellas dactilares y fotografía.
La llamada CURP biométrica funcionará como identificación oficial obligatoria para acceder a trámites y servicios gubernamentales. Mientras el oficialismo celebra la digitalización como vía para eliminar papeleo, expertos, activistas y legisladores de oposición advierten graves riesgos en privacidad, vigilancia, control ciudadano y ciberseguridad.
PRIVACIDAD EN JUEGO: DATOS QUE NO SE PUEDEN CAMBIAR
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), alertó que el gobierno recopila datos biométricos —como rostro, huellas e iris— sin ofrecer garantías claras sobre su protección.
“No puedes cambiar tus huellas ni tu rostro si esa información se filtra. Estamos hablando de datos que te identifican de forma única y permanente”.
García también acusó al gobierno de omitir detalles sobre los mecanismos de resguardo y sobre quién supervisará el uso de esta información.
¿INCONSTITUCIONAL? EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en diversas sentencias que la recolección de datos biométricos sólo puede considerarse constitucional cuando las autoridades cumplen con los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
En la Acción de Inconstitucionalidad 84/2021 —sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT)—, la Corte sostuvo que el uso de biométricos representa una afectación intensa al derecho a la privacidad, y que solo puede justificarse ante un fin legítimo bajo supervisión rigurosa.
“La información biométrica permite una identificación inequívoca, lo que exige una justificación particularmente robusta. El Estado no puede imponer su uso sin debate democrático”, concluyó la SCJN.
UNA CÉDULA OBLIGATORIA DISFRAZADA DE SIMPLIFICACIÓN
Mariana Niembro, directora de Borde Político, criticó al gobierno por impulsar lo que en la práctica funcionará como una cédula de identidad nacional obligatoria bajo el discurso de simplificación administrativa.
“El gobierno está creando una llave única para todo, sin debate público ni protección efectiva. Esta decisión puede derivar en exclusiones o condicionamientos de derechos”.
La diputada del PAN, Margarita Zavala, también denunció que el gobierno omitió controles externos y buscó aprobar la medida sin una discusión amplia:
“Nos enfrentamos a una herramienta que puede utilizarse para vigilar, discriminar o castigar políticamente”.
CENTRALIZACIÓN SIN CONTRAPESOS
El dictamen asigna a la Secretaría de Gobernación, a través de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la operación de “Llave MX” y el resguardo de datos biométricos. Esta decisión excluye a organismos técnicos o autónomos que podrían actuar como contrapesos independientes.
Javier Pallás, consultor en ciberseguridad, advirtió que el gobierno concentra la información más sensible del país sin establecer mecanismos independientes de control.
“El Ejecutivo federal abre la puerta a usos discrecionales, errores humanos o vulneraciones”.
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VULNERABILIDAD CIBERNÉTICA: LOS HACKERS NO DUERMEN
Pocos actores del Congreso han reconocido uno de los riesgos más urgentes: el potencial hackeo de una base de datos biométrica nacional. Los antecedentes ya muestran vulnerabilidades graves.
En 2016, ciberdelincuentes filtraron el padrón electoral del INE, con datos de 93 millones de ciudadanos, y lo colocaron en un servidor de Amazon fuera del país. En 2022, el grupo Guacamaya hackeó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo más de seis terabytes de correos electrónicos clasificados, incluyendo información crítica sobre seguridad nacional.
“Si grupos hackers han vulnerado a Sedena o al INE, ¿cómo podrá el gobierno blindar una base biométrica sin controles técnicos independientes?”, cuestionó García de R3D.
En abril de 2023, otro ataque comprometió los servidores del ISSSTE y exhibió información médica de millones de derechohabientes.
Estas experiencias demuestran que ninguna infraestructura gubernamental está a salvo. Un ataque cibernético contra una base biométrica causaría daños irreversibles a la identidad, privacidad y seguridad de los ciudadanos.
DESCONFIANZA SOCIAL E INSTITUCIONAL
México ha sufrido múltiples filtraciones de bases de datos oficiales. Por eso, organizaciones de derechos digitales, periodistas y ciudadanos expresan una profunda desconfianza.
“El historial institucional del país no respalda un proyecto de esta magnitud. El riesgo de vigilancia masiva o persecución política está ahí”, señaló Ixchel García, vocera de Artículo 19.
SIN CONSULTA, SIN CONSENSO
El Congreso evitó convocar a foros públicos y cerró la puerta a mesas técnicas para debatir la implementación de esta CURP obligatoria. Los diputados oficialistas impusieron el dictamen sin modificaciones y planean aprobarlo en lo particular este lunes 28 de abril.
Mariana Niembro lo resumió así:
“No se trata de estar en contra de la digitalización. Pero no puedes cambiar derechos por eficiencia administrativa sin un debate democrático real”.
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