LANOTA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó dos denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) por la presunta distribución de propaganda electoral conocida como “acordeones”, que podrían constituir actos de coacción e inducción al voto en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para elegir integrantes del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF).
Las denuncias derivan de dos Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) iniciados por el INE, y fueron turnadas tanto a la FISEL, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), como a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del propio Instituto, para su análisis y posible sanción.
¿QUÉ SON LOS “ACORDEONES” Y QUÉ SE DENUNCIA?
De acuerdo con el comunicado oficial, las quejas presentadas el pasado 23 de mayo ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), señalan que las personas denunciantes recibieron materiales impresos con instrucciones explícitas para votar por candidaturas específicas, lo que podría vulnerar la libertad del voto y representar una infracción a la legislación electoral.
Estos materiales, conocidos popularmente como “acordeones”, fueron presuntamente elaborados y distribuidos por servidores públicos. El primer caso se originó en Nuevo León, y el segundo en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde los hechos habrían ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo.
UN PROCESO ELECTORAL INÉDITO Y COMPLEJO
El proceso en cuestión es de carácter extraordinario e inédito, ya que por primera vez en la historia de México se elegirán mediante voto directo a 881 cargos del Poder Judicial federal, incluyendo magistraturas, consejerías y defensorías. Aunque las personas votantes no elegirán individualmente cada uno de estos puestos, el número de boletas y perfiles genera inquietud entre sectores de la ciudadanía por la complejidad del proceso y el riesgo de manipulación o desinformación.
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INVESTIGACIÓN EN CURSO
El INE aclaró que, por el momento, las denuncias están en etapa de investigación preliminar para determinar si los hechos constituyen delitos electorales, infracciones administrativas o violaciones a los principios de equidad y legalidad en la contienda.
Tanto la FISEL, como la UTF y eventualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tendrán la responsabilidad de analizar la legalidad de la propaganda y determinar las consecuencias jurídicas de los hechos.
Además de buscar sanciones si se comprueba responsabilidad, el INE señaló que el objetivo de estos procedimientos es también detener prácticas ilegales que podrían repetirse conforme se acerque el día de la votación, previsto para el 1 de junio de 2025.
CONTEXTO POLÍTICO Y LEGAL
Este proceso electoral para el Poder Judicial se inscribe dentro de una reforma constitucional impulsada por el actual gobierno, que plantea la elección popular de jueces y magistrados como medida para democratizar el sistema de justicia. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por organismos civiles y académicos, quienes advierten que el voto popular no garantiza independencia judicial y podría abrir la puerta a presiones políticas.
La aparición de “acordeones” y la presunta participación de funcionarios públicos en la inducción del voto refuerzan esas preocupaciones y generan un llamado urgente a las autoridades para garantizar que el proceso se desarrolle con legalidad, transparencia y sin interferencias indebidas.
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