6/07/2026
LANOTA.- El sistema de justicia en Coahuila enfrenta un severo cuestionamiento social y legal tras determinarse la no vinculación a proceso de un servidor público adscrito al Registro Público de la Propiedad, imputado por agresiones sexuales en agravio de por lo menos cuatro víctimas menores de edad.
La controvertida resolución judicial no solo ha provocado la indignación de los familiares de las afectadas, sino que ha motivado la presentación formal de un recurso de apelación por parte de la asesoría jurídica, en medio de severas denuncias que apuntan a una presunta red de protección política y violencia institucional sistemática encaminada a sepultar las indagatorias.
La decisión de otorgar la libertad al funcionario fue dictada formalmente por la jueza penal Sandra Ramona Juárez en el marco del expediente judicial 255/2026. En dicha causa, el imputado, identificado legalmente como Roberto “N”, figuraba como el principal sospechoso de delitos sexuales cometidos en contra de dos niñas de su entorno cercano.
Sin embargo, en la audiencia de control, la juzgadora resolvió de forma unilateral que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal resultaban insuficientes e idóneos para someter al burócrata a un procedimiento penal formal.
VALORACIÓN PROBATORIA BAJO ESCRUTINIO: LOS TESTIMONIOS QUE LA JUSTICIA IGNORÓ
El desarrollo de la comparecencia judicial evidenció una problemática de mayor envergadura cuando, de manera complementaria a las acusaciones de las dos víctimas nucleares de la carpeta de investigación, una mujer adulta solicitó la palabra para testificar formalmente.
En su declaración bajo protesta, la testigo relató haber sufrido reiterados abusos sexuales durante su niñez mientras habitaba en el mismo domicilio que el imputado, añadiendo que su propia hermana biológica padeció agresiones de idéntica naturaleza durante su infancia, configurando así un patrón de conducta delictiva de carácter histórico.
La documentación recabada por el semanario Proceso revela las graves omisiones de la representación social, precisando que una de las víctimas adultas ya había comparecido ante la autoridad para denunciar penalmente los hechos desde el año 2021; sin embargo, el Ministerio Público mantuvo la indagatoria congelada y sin judicializar.
Frente a este panorama de inacción deliberada, la segunda afectada decidió presentarse de manera voluntaria en la audiencia para robustecer la teoría del caso y alertar a la juzgadora sobre el riesgo inminente de que el funcionario estatal continuara captando nuevas víctimas.
A pesar de la contundencia y coincidencia de los relatos, la asesoría jurídica de las víctimas denunció que la jueza Sandra Ramona Juárez desestimó por completo estas declaraciones testimoniales. Con este proceder, la funcionaria judicial ignoró abiertamente las jurisprudencias obligatorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las cuales obligan a los juzgadores del país a aplicar un estándar de valoración flexible y con perspectiva de género al evaluar testimonios de abusos sexuales cometidos durante la infancia y la adolescencia.
EXCLUSIÓN SISTEMÁTICA Y LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA COMO DISCURSO VACÍO
La cadena de exclusiones dentro de la causa penal sumó un cuarto caso que la maquinaria institucional prefirió dejar fuera del debate jurídico. Yoselin Guadalupe Contreras García, expareja sentimental del procesado, hizo público que otra de sus hijas, una menor que actualmente cuenta con tan solo nueve años de edad, le confesó haber sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de su entonces padrastro, una revelación que las autoridades ministeriales se negaron a incorporar al pliego formal de cargos.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por la madre de las menores, los dictámenes emitidos por el personal del Centro de Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo, en estricta coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), determinaron que la niña de nueve años no aportó elementos precisos para encuadrar los agravios en una temporalidad y espacio geográfico específicos. Bajo este argumento técnico-burocrático, las dependencias encargadas de velar por el interés superior de la niñez optaron por desechar la acusación.
A raíz de estos filtros institucionales, el expediente penal que llegó al escritorio de la jueza de control quedó severamente debilitado, limitándose únicamente a los agravios denunciados por dos de las víctimas, mientras que el cúmulo de testimonios históricos y la acusación de la menor de no fueron catalogados como irrelevantes para el dictado de la resolución, pavimentando así el camino hacia la impunidad del servidor público.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y EL FUERO DE FACTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Para la familia de las víctimas, el veredicto de no vinculación no representa una decisión judicial aislada, sino la confirmación de un esquema arraigado de complicidad y violencia institucional. Contreras García recordó ante los medios de comunicación que, a lo largo de su relación de pareja, Roberto “N” profería constantes amenazas en las que aseguraba que ninguna corporación policiaca ni juzgado se atrevería a proceder en su contra, jactándose de la inmunidad fáctica que le otorgaba su cargo dentro de la estructura del Gobierno del Estado de Coahuila.
A estas intimidaciones se sumaron múltiples anomalías detectadas en la fase de integración de la indagatoria, entre las que destacan la negligencia en la atención psicológica de emergencia, el retraso injustificado de diligencias periciales y el sospechoso extravío de un expediente previo relacionado con violencia económica y psicológica. Todos estos incidentes, a juicio de los denunciantes, operaron como mecanismos de obstrucción a la justicia dirigidos a evitar que el funcionario fuera presentado ante los tribunales.
El historial delictivo comenzó a fracturar el silencio familiar desde el pasado año 2025, fecha en la que se hicieron visibles las primeras evidencias biológicas y psicológicas de abuso sexual contra una menor de su familia. A partir de ese momento se inició un calvario burocrático que, lejos de proporcionar medidas de protección eficaces para las niñas, se ha transformado en un proceso revictimizante donde el Estado parece priorizar la estabilidad de sus funcionarios por encima de la seguridad de la niñez.
RESPUESTA CORPORATIVA Y EL SILENCIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA
Ante la ola de críticas desatada por el fallo, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, salió en defensa de la actuación de la juzgadora, argumentando que el marco normativo del estado ofrece los canales idóneos para que las partes inconformes manifiesten su desacuerdo por la vía legal. El titular del tribunal aseveró que los encargados de impartir justicia resuelven con estricto apego a las pruebas que las fiscalías logran consignar en los expedientes, negando categóricamente cualquier línea de protección política o favoritismo hacia el empleado del Registro Público.
Por su parte, la Fiscalía de las Mujeres de Coahuila ha guardado un hermetismo absoluto frente al caso, evitando emitir pronunciamientos técnicos respecto a las deficiencias metodológicas acusadas por la defensa o sobre la exclusión de las cuatro víctimas del proceso penal. La resolución final de este conflicto jurídico queda ahora en manos de un tribunal de alzada, el cual tendrá la responsabilidad de revisar los agravios de la apelación y determinar si confirma la exoneración del funcionario o si revoca el fallo para dar inicio a un juicio histórico por violencia sexual infantil en la entidad.
PUNTOS CLAVE DE LA CRISIS JUDICIAL EN COAHUILA
- Fallo de impunidad: La jueza Sandra Ramona Juárez dictó el auto de no vinculación a proceso en favor del funcionario del Registro Público de la Propiedad, Roberto “N”, acusado de delitos sexuales.
- Jurisprudencia ignorada: La defensa legal de las víctimas denuncia que la juzgadora violó las directrices de la SCJN al desestimar testimonios históricos de abusos cometidos durante la infancia.
- Exclusión de denuncias: De un total de cuatro víctimas que señalaron directamente al agresor, la burocracia de la Pronnif y la Fiscalía excluyó dos casos argumentando fallas de precisión en tiempo y espacio.
- Violencia institucional: Familiares de las menores denuncian el extravío de expedientes previos y acusan que el imputado utilizaba su cargo en el gobierno de Coahuila para garantizarse impunidad.
- Defensa corporativa: Mientras el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, respaldó la legalidad de la resolución de la jueza, la Fiscalía de las Mujeres mantiene absoluto silencio institucional.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
