LANOTA.– En una conferencia de prensa realizada en Arizona, altos funcionarios estadounidenses dejaron claro que la administración de Donald Trump aplicará “mano dura” contra el tráfico de armas hacia México. La política, según dijeron, responde a la reciente designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita medidas legales y punitivas más agresivas contra quienes colaboren con ellos.
Brendan Iber, agente especial de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), afirmó que la instrucción del gobierno es clara: cerrar el paso a las armas que cruzan ilegalmente hacia territorio mexicano, abasteciendo a grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, ambos incluidos en la lista negra.
Por su parte, Guadalupe Ramírez, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fue más allá al calificar el tráfico de armas como “un acto directo de apoyo al terrorismo”, que pone en riesgo la seguridad nacional. La funcionaria advirtió que se utilizarán todas las herramientas del gobierno estadounidense para impedir que ese armamento llegue a manos de criminales.
El mensaje fue respaldado por Ray Rede, de Investigaciones de Seguridad Nacional, quien subrayó que estas armas no sólo cruzan la frontera, sino que alimentan la violencia en ambos lados, y convocó a una coordinación estrecha entre agencias para desmantelar las redes de venta de armas en Estados Unidos.
EFECTOS DE LA DESIGNACIÓN TERRORISTA
Los funcionarios recordaron que, tras la orden ejecutiva 14157 firmada por Trump el 20 de enero, los cárteles fueron oficialmente designados como organizaciones terroristas extranjeras, al mismo nivel que grupos como la Mara Salvatrucha o el Tren de Aragua. Esto permite al gobierno presentar cargos más severos contra traficantes de armas, lavadores de dinero, traficantes de personas y distribuidores de drogas vinculados a estos grupos.
MÁS ALLÁ DEL TRÁFICO DE ARMAS
La conferencia también sirvió para destacar los resultados del refuerzo de seguridad en la frontera con México, que ha derivado en la detención de criminales buscados, la prevención de secuestros de menores y la incautación de drogas y vehículos robados.
Con esta nueva postura, el gobierno de Trump no sólo busca frenar la violencia generada por los cárteles, sino también ejercer presión sobre el gobierno mexicano, como ha quedado en evidencia con la reciente insistencia del expresidente republicano a Claudia Sheinbaum para permitir la participación directa de militares estadounidenses en el combate a estas organizaciones.
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