27/05/2026
LANOTA.- La batalla política y jurídica entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la llamada Cuarta Transformación alcanzó su punto más álgido en la capital del país. Este miércoles 27 de mayo, la gobernadora chihuahuense, María Eugenia Campos Galván, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores de la Ciudad de México.
Lo que el Ministerio Público Federal manejó como un citatorio rutinario en calidad de testigo por el polémico caso de la CIA en Chihuahua, fue convertido por el Partido Acción Nacional (PAN) en un severo contragolpe político y un desafío abierto al régimen oficialista, denunciando una flagrante violación al fuero constitucional de la mandataria de oposición.
Cobijada por la plana mayor de su partido —incluido el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, legisladores federales como Germán Martínez y Ricardo Anaya, y alcaldes capitalinos—, Maru Campos rompió las formas tradicionales y transformó las escalinatas de la FGR en una tribuna de resistencia. La mandataria acusó al gobierno federal de intentar “fabricarle un caso” mediante la simulación de un citatorio técnico, desatando una crisis institucional que promete trasladarse a las calles y al Congreso de la Unión.
EL FUERO COMO TRINCHERA: EL RECHAZO A LOS “ACTOS DE MOLESTIA” DE LA FGR
La defensa de la gobernadora panista no solo fue discursiva, sino profundamente jurídica. Tras concluir la diligencia a la que acudió la funcionaria, el exsecretario de Gobernación y estratega legal, Roberto Gil Zuarth, asumió la vocería técnica y lanzó una advertencia que sacudió los cimientos ministeriales: la oposición no reconoce la facultad de la FGR para imponer actos de molestia o requerimientos ordinarios a un gobernador en funciones, debido a la inmunidad constitucional que le otorga su cargo.
Gil Zuarth denunció que el citatorio federal adolecía de graves vicios de origen, calificándolo como un documento ambiguo, inconsistente y carente de motivación legal. Con un tono de abierta ironía, el litigante señaló que el oficio enviado a Chihuahua “ni siquiera insinúa qué se investiga; no sabíamos si el ministerio público quería hablar del clima o de la final Cruz Azul-Pumas“.
La defensa argumentó que cualquier solicitud de información debió tramitarse bajo estrictos canales de colaboración institucional de autoridad a autoridad, y no mediante un hostigamiento penal diseñado para tratar a la titular de un Ejecutivo estatal como un testigo común de barrio. La inmunidad constitucional, sentenció la defensa, sirve precisamente para blindar a los gobernantes de oposición frente al uso faccioso del aparato judicial.
EL NARCOLABORATORIO DE LA CIA Y EL “DOBLE RASERO” CON ROCHA MOYA
El fondo del asunto roza la alta política de seguridad nacional. El hecho de que Maru Campos acudiera a las instalaciones federales se deriva de la investigación en torno al hallazgo de un megabarco o narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, un operativo federal que culminó con la reciente expulsión de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por parte del gobierno mexicano.
La gobernadora defendió su actuación al asegurar que su único pecado fue hacer su trabajo y coordinar esfuerzos para evitar que la droga llegara a las calles, acusando que hoy se castiga la eficiencia policial si esta proviene de la oposición.
Este argumento abrió la puerta para que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, lanzara la crítica más severa de la jornada, acusando a la 4T de operar con un descarado “doble rasero” en la procuración de justicia. Romero contrastó la agresividad ministerial vertida contra la mandataria de Chihuahua con la protección “automática y a ultranza” que el oficialismo le ha brindado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien a pesar de enfrentar serios señalamientos de vínculos con el narcotráfico y de haber acudido a declarar previamente, goza de inmunidad política.
“Si combates al crimen organizado y eres gobernador del PAN, se te persigue; pero si eres de Morena y cogobiernas con el crimen, se te protege”, sentenció el líder albiazul, advirtiendo que la oposición ya prepara denuncias penales internacionales por presuntos narcopactos del oficialismo.
ACOSO MULTIFRENTE: JUICIO POLÍTICO Y LA ALERTA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL
El encuentro en el búnker de la FGR es solo un eslabón de una estrategia de pinzas que el oficialismo ha desplegado contra la administración chihuahuense. Simultáneamente, Maru Campos tuvo que desactivar un segundo frente judicial operado desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), derivado de una denuncia por supuesto secuestro interpuesta por su antecesor y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado. Aunque la fiscalía capitalina tuvo que recular y aclarar que la cita era solo para notificar el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas, el PAN lo catalogó como un burdo intento de asfixia mediática.
A esto se suma la embestida en el terreno legislativo. La bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua ya trasladó el conflicto a San Lázaro, presentando una solicitud formal de juicio político contra Maru Campos con la intención de retirarle el fuero de manera definitiva, un recurso que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, defendió argumentando que la gobernadora busca la impunidad.
Ante la amenaza de que el oficialismo utilice su mayoría en la Cámara de Diputados para consumar el desafuero a más tardar el 29 de mayo, el panismo lanzó una última sentencia de tono bélico. Jorge Romero advirtió que si la administración federal “le pone una mano encima” o violenta la soberanía de Chihuahua, detonarán una movilización civil sin precedentes: “Nos vamos cientos de miles de personas a las calles. Como se dice en Chihuahua: hasta donde tope”.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Cita en la CDMX: La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la FGR por la investigación derivada del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la intervención de la CIA.
- Desafío al fuero: La defensa jurídica, encabezada por Roberto Gil Zuarth, alegó que el citatorio violó la inmunidad constitucional de la gobernadora, calificando el procedimiento de la FGR como un “acto de molestia” inconstitucional y ambiguo.
- Denuncia de persecución: El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó la existencia de un “doble rasero” judicial, señalando que la 4T hostiga a gobernantes de oposición que combaten al crimen mientras blinda al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
- Estrategia multifrente: La presión contra la mandataria incluye una denuncia penal en la CDMX promovida por Javier Corral (ya desechada por la fiscalía local) y una petición de juicio político impulsada por legisladores de Morena que se ratificará esta semana en San Lázaro.
- Amenaza de movilización: El PAN advirtió que cualquier intento de romper el pacto federal o vulnerar el fuero de Campos provocará protestas masivas en todo el país bajo la consigna chihuahuense de “hasta donde tope”.
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