10/07/2026
LANOTA.- La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a exhibir las deficiencias de su brazo investigador en los tribunales federales. En un contundente revés a la estrategia del Ministerio Público, la jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó la petición de encarcelar a Gilda Susana Lozoya Austin y ratificó su derecho a enfrentar en libertad provisional el proceso por el caso Agronitrogenados.
Tras una extenuante audiencia de más de diez horas en el Reclusorio Norte, la juzgadora desarmó la argumentación oficial, evidenciando que la fiscalía pretendía aplicar una medida tan severa como la prisión preventiva utilizando información obsoleta y pruebas obtenidas de forma ilegal.
La resolución judicial obligó a que la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, abandonara el recinto judicial exactamente bajo el mismo estatus con el que ingresó, manteniendo su brazalete de geolocalización electrónica, la firma quincenal obligatoria y la retención de su pasaporte.
El intento del órgano autónomo por modificar las medidas cautelares se basó en la presentación de 18 supuestos nuevos elementos de investigación encaminados a demostrar un inminente riesgo de sustracción de la justicia. Sin embargo, la juzgadora desmontó la narrativa oficial al calificar la argumentación fiscal como anacrónica e insuficiente para justificar una medida tan restrictiva.
La determinación pone en evidencia, una vez más, las costuras de una fiscalía que suele litigar con premura política y deficiencia técnica en los casos de mayor impacto mediático del país.
LA FRAGILIDAD TÉCNICA DE UNA ACUSACIÓN ANACRÓNICA
La jueza García Peralta no escatimó en severidad al evidenciar el descuido procesal de los fiscales durante la comparecencia. Con una crítica directa a los métodos de la representación social, la juzgadora advirtió que es jurídicamente inadmisible acudir ante un tribunal con información desactualizada para tratar de privar de la libertad a un ciudadano.
La reprimenda alcanzó su punto más crítico al revelarse que la FGR intentó utilizar el saldo de la cuenta de Afore de la imputada —equivalente a poco más de 339 mil pesos— como un indicador de su capacidad económica para evadir la justicia. Esta prueba fue declarada ilícita debido a que el Ministerio Público la obtuvo violentando el secreto bancario, sin la obligatoria orden de un juez de control.
Este revés expone el bucle de deficiencias que arrastra la Fiscalía en la integración de sus expedientes de cuello blanco, llegando al extremo de ser cuestionada por la propia jueza sobre sus aptitudes de indagación: “Si no pueden hacer una investigación, ¿cómo pueden decir que se ocultó?”, sentenció la juzgadora, según registros periodísticos del encuentro.
Pese al naufragio de la estrategia restrictiva del Estado, García Peralta enfatizó que mantener las medidas cautelares laxas no se traduce en un cheque de impunidad, sino en salvaguardar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras se desahoga el juicio.
LA SOMBRA DE TOCHOS HOLDING Y LA TRIANGULACIÓN DE AHMSA
Al abandonar el tribunal, Gilda Susana Lozoya Austin rompió el silencio mediático para denunciar lo que calificó como una campaña de “acoso” y “perversidad” por parte de la FGR, sosteniendo su inocencia frente a un caso que su defensa técnica, encabezada por Alejandro Rojas Pruneda, tilda abiertamente de persecución política teledirigida desde el Ejecutivo Federal.
Cabe recordar que la imputada fue retenida formalmente el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su arribo desde Ámsterdam, cumplimentando de forma tardía un mandato de captura que la Fiscalía mantuvo guardado en el cajón por más de tres años, desde su emisión en junio de 2023.
El fondo de la imputación penal sitúa a Lozoya Austin como un engrane clave en el blanqueo de capitales del megafraude de la planta petroquímica de Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, adquirida por la petrolera estatal a Altos Hornos de México (AHMSA) con un sobreprecio estimado de 275 millones de dólares.
La tesis fiscal sostiene que, en el segundo semestre de 2012, la procesada operó como prestanombres en una cuenta bancaria radicada en Ginebra, Suiza, a nombre de la firma fachada Tochos Holding Limited, donde presuntamente se recibieron 3.4 millones de dólares provenientes de las arcas del magnate siderúrgico Alonso Ancira Elizondo. Dichos recursos habrían sido triangulados para la compra de una residencia de lujo en las Lomas de Bezares, inmueble que hoy se encuentra bajo el control del Gobierno Federal tras un juicio de extinción de dominio.
UN SEGUNDO DESCALABRO EN LA ESTRATEGIA EXCLUSIVA DE LA FGR
Este fallo adverso representa el segundo tropiezo consecutivo de la Fiscalía en la misma semana respecto a este expediente. Apenas el pasado martes 7 de julio, tras un maratón judicial que superó las 14 horas, la misma jueza García Peralta decretó el auto de vinculación a proceso en contra de Gilda Susana por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, en aquella primera sesión, la discusión sobre el encarcelamiento tuvo que ser aplazada debido a que los fiscales intentaron sorprender a la defensa entregando un paquete de 150 fojas con nuevas evidencias a altas horas de la noche, violentando el derecho básico a una defensa adecuada.
A diferencia del laberinto penal en el que permanece su hermano Emilio —quien tras pasar más de dos años en el Reclusorio Norte hoy solo mantiene activo el frente judicial por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, luego de que un tribunal suspendiera su implicación en Agronitrogenados bajo el argumento de que el acuerdo reparatorio de Alonso Ancira extinguía la acción penal de los coimputados—, Gilda Susana transita el proceso penal en las calles de la capital.
El desenlace de la audiencia de este jueves ratifica que, en el ecosistema judicial contemporáneo, la espectacularidad de las acusaciones del Estado sigue estrellándose cuando se enfrenta al estándar estricto de la prueba lícita y el control constitucional.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Ratificación de libertad: La jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó encarcelar a Gilda Susana Lozoya Austin y ratificó sus medidas cautelares en libertad (brazalete electrónico, firma quincenal y retención de pasaporte).
- Pruebas desechadas: El tribunal desestimó los 18 elementos de prueba de la FGR por considerarlos obsoletos, además de invalidar la información de su Afore por ser obtenida sin control judicial.
- Segundo revés: La resolución se suma al freno procesal del pasado martes 7 de julio, donde la FGR tampoco logró la prisión preventiva tras intentar ingresar de último minuto un legajo de 150 fojas a la defensa.
- La acusación central: Gilda Lozoya está vinculada a proceso por lavado de dinero, acusada de fungir como prestanombres en la empresa Tochos Holding Limited para triangular 3.4 millones de dólares de AHMSA destinados a la compra de una propiedad en la CDMX.
- Contexto de la captura: La orden de aprehensión se ejecutó en el AICM el pasado 1 de julio a su regreso de Europa, tras permanecer guardada e inactiva por las autoridades desde junio de 2023.
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