25/05/2026
LANOTA.- El uso político de las fiscalías locales, la alteración de escenas del crimen y la opacidad en las operaciones de seguridad interestatales han vuelto a colocar a la Fiscalía General de la República (FGR) en el centro de la escena pública nacional.
Dos casos de alto impacto, ocurridos bajo marcos temporales y administraciones federales distintas, exponen una profunda crisis en la procuración de justicia y un cambio en la severidad con la que el Ejecutivo Federal reacciona ante las crisis de soberanía y legalidad en los estados.
El primero, heredado de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sigue sumido en la impunidad y la simulación institucional: el montaje del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Sinaloa. El segundo, emergido durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza de forma acelerada tras descubrirse la participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la Sierra del Pinal, Chihuahua.
Ambas tramas comparten un mismo origen: versiones oficiales locales que terminaron por desmoronarse ante la realidad de los hechos y la intervención de la federación.
EL MONTAJE SINALOENSE: LA VERDAD SECUESTRADA EN HUERTOS DEL PEDREGAL
El 25 de julio de 2024 quedó marcado como un día de quiebre en la historia del narcotráfico y la política moderna de México. Esa jornada no solo implicó la caída de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en territorio estadounidense; también fue el escenario del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Durante casi dos meses, la narrativa oficial construida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez Estrada, sostuvo que Cuén Ojeda había sido víctima de un intento de robo de vehículo en una gasolinera de Culiacán. Para apuntalar la hipótesis, la fiscalía local difundió un video de seguridad que resultó ser falso.
Sin embargo, el andamiaje judicial local se vino abajo desde el exterior. A través de una carta pública, el propio “Mayo” Zambada reveló que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, el mismo sitio donde el capo fue secuestrado para ser entregado a los Estados Unidos, una reunión a la que presuntamente asistiría el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.
Las pericias posteriores de la FGR desnudaron una cadena de omisiones y negligencias criminales por parte de las autoridades sinaloenses:
- Incineración irregular: El cuerpo de Cuén Ojeda fue cremado a pesar de las prohibiciones legales que restringen la destrucción de restos en muertes violentas bajo investigación.
- Necropsia deficiente: El informe forense omitió fijar los signos cadavéricos inmediatos y la evolución térmica del cuerpo. Tampoco se analizó un hematoma severo localizado en la cabeza de la víctima.
- Inconsistencias balísticas: Mientras la exfiscalía estatal exhibió un video donde se percibía una sola detonación, los peritajes federales demostraron que la víctima recibió cuatro impactos de bala en las piernas. Los empleados de la estación de servicio negaron haber escuchado disparos.
El golpe definitivo al montaje local llegó cuando los peritos federales hallaron rastros hemáticos de Cuén Ojeda en la finca de Huertos del Pedregal, confirmando que fue ejecutado horas antes de la filmación en la gasolinera. En cuanto a la sangre hallada en la camioneta del exrector, las pruebas de ADN arrojaron que pertenecía a Rodolfo Chaidez Mendoza, miembro del equipo de seguridad de “El Mayo” Zambada, quien permanece desaparecido.
A pesar de que Sara Bruna Quiñónez se vio obligada a presentar su renuncia, a casi dos años de los acontecimientos la exfuncionaria ha desaparecido del ojo público y no se han fincado responsabilidades penales definitivas. La Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos mantiene el caso bajo la reserva del debido proceso, provocando que fundadores de Morena en la entidad acusen abiertamente que “la 4T se desvió de sus planteamientos originales en Sinaloa”.
EL FACTOR CHIHUAHUA: AGENTES DE LA CIA Y LA REACCIÓN EN LA ERA SHEINBAUM
El contraste en la gestión de las crisis de las fiscalías locales se evidenció con los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, Chihuahua. Lo que la Fiscalía del Estado, dirigida por César Jáuregui Moreno, intentó manejar inicialmente como un operativo local contra un narcolaboratorio, derivó en un conflicto diplomático y legal de carácter federal tras el deceso de dos ciudadanos estadounidenses.
Las investigaciones federales confirmaron que los fallecidos eran agentes activos de la CIA que operaban armados en territorio nacional sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una flagrante violación a la soberanía nacional. Junto a ellos murieron dos ciudadanos mexicanos, entre ellos un agente ministerial de Chihuahua, tras el impacto del vehículo en el que se trasladaban.
Ante el estallido del escándalo, el fiscal César Jáuregui intentó modificar la versión oficial a través de una segunda narrativa que detonó severas críticas: argumentó que el encuentro entre las fuerzas estatales y los agentes de la CIA había sido “casual” en la zona serrana, y que los ministeriales solo les prestaban apoyo de traslado hacia la capital del estado.
La respuesta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue drástica y diferenciada respecto al letargo del caso Sinaloa. El gobierno federal apuntó directamente hacia las cabezas de la seguridad en el estado gobernado por Maru Campos, señalando la responsabilidad directa de Jáuregui o de Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La presión derivó en la renuncia de César Jáuregui a la fiscalía chihuahuense. A diferencia del caso de Sinaloa, la FGR ha procedido formalmente abriendo una línea de investigación por la invasión de competencias federales y citando a declarar en calidad de testigos tanto al exfiscal Jáuregui como a la gobernadora Maru Campos. Esta última ha acusado públicamente una persecución de carácter político por parte del Gobierno Federal, afirmando que “protegen a los delincuentes y persiguen a quienes sí cumplimos”.
JUSTICIA A DOS VELOCIDADES Y EL EXPEDIENTE DE LOS VÍNCULOS POLÍTICOS
El dinamismo impreso al caso de Chihuahua coexiste con el pesado avance del expediente sinaloense, el cual ha entrado en una fase aún más compleja. En un desarrollo paralelo, el Ministerio Público Federal notificó el citatorio formal en calidad de investigado para Rubén Rocha Moya (actualmente gobernador con licencia de Sinaloa) junto a otras nueve personas.
Este citatorio formal de la FGR responde a los expedientes abiertos a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se señala a la cúpula del gobierno sinaloense de presuntamente recibir sobornos de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa a cambio de protección e impunidad operativa.
La actuación de la FGR en ambos frentes marcará el precedente sobre cómo la federación procesará las omisiones y complicidades de los gobiernos estatales con entidades delictivas y agencias extranjeras. Mientras Chihuahua encara una respuesta institucional inmediata bajo el reclamo de la soberanía nacional, el caso Sinaloa se mantiene como la gran asignatura pendiente de la transformación judicial, donde el asesinato de un exrector y un montaje oficial explícito continúan esperando una resolución penal firme.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- El montaje de Sinaloa: La FGR demostró que el video de la gasolinera presentado por la exfiscal Sara Bruna Quiñónez era falso; Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal el mismo día del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.
- Graves omisiones forenses: La fiscalía sinaloense incineró de forma ilegal el cuerpo de Cuén Ojeda, realizó una necropsia deficiente omitiendo golpes y diferencias en los impactos de bala, y alteró la evidencia en la camioneta de la víctima, donde la sangre encontrada pertenecía a un escolta desaparecido de “El Mayo”.
- Impunidad prolongada: A casi dos años del crimen y tras su renuncia, la exfiscal Sara Bruna Quiñónez permanece fuera del escrutinio público sin cargos penales firmes, provocando duras críticas internas entre los fundadores de Morena en Sinaloa.
- El caso de la CIA en Chihuahua: La FGR investiga la muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra del Pinal durante un operativo contra un narcolaboratorio. Los agentes extranjeros operaban en México sin el conocimiento ni la autorización de la SRE.
- Caída del fiscal de Chihuahua: César Jáuregui Moreno renunció a su cargo tras emitir versiones contradictorias donde aseguraba que el encuentro con los agentes de la CIA había sido “casual”. Tanto él como la gobernadora Maru Campos han sido citados por la FGR.
- Cuentas pendientes de Rocha Moya: El gobernador con licencia de Sinaloa y nueve funcionarios locales habían sido citados por el Ministerio Público Federal debido a las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos nexos y recepción de sobornos de “Los Chapitos”.
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