LANOTA.- Lo que comenzó como un hallazgo espeluznante de 60 cuerpos sin cremar en un crematorio, terminó por revelar una verdad mucho más desgarradora: la Fiscalía General del Estado confirmó este domingo que son en realidad 381 los cadáveres que permanecían apilados, sin el debido tratamiento, en instalaciones insalubres de una empresa funeraria que ofrecía servicios a decenas de familias juarenses.
Durante dos años, cientos de familias en Ciudad Juárez despidieron a sus seres queridos, confiadas en que habían recibido sus cenizas. Hoy saben que fueron engañadas.
URNAS VACÍAS Y UN RITUAL QUE NUNCA OCURRIÓ
Las autoridades confirmaron que los cuerpos estaban debidamente identificados y contaban con sus respectivas actas de defunción. Pero el servicio de cremación jamás se realizó. La empresa entregó urnas apócrifas, en un fraude que vulnera no solo la ley, sino lo más sagrado: el duelo de una familia.
La escena que encontraron los peritos y funcionarios forenses fue descrita como “cruel, triste e inhumana”. Eloy García Tarín, vocero de la Fiscalía, declaró:
“Los cuerpos estaban apilados como si fueran costales de mercancía”.
Algunos cadáveres llevaban ahí más de dos años, según la investigación preliminar.
BAJO UN ESCRITORIO Y ENTRE LA BASURA
En el patio trasero del crematorio, dentro de una carroza fúnebre descompuesta y olvidada, se localizó un cuerpo cubierto por un viejo escritorio, basura y polvo. La imagen, impactante en lo simbólico y lo humano, se ha convertido en el emblema del horror que se vivía tras las puertas cerradas del establecimiento.
Vecinos de la colonia alertaron días antes por los olores fétidos persistentes, lo que motivó una inspección de la Fiscalía, descubriendo lo inimaginable.
¿ENGAÑO MASIVO?
La conclusión de los investigadores es escalofriante: muchas de las urnas entregadas a los deudos no contenían restos humanos de sus familiares. Las cenizas no correspondían a quienes se suponía habían sido cremados.
El impacto emocional ya es devastador. “Nos quitaron el derecho a despedirnos”, declaró uno de los afectados.
¿NEGLIGENCIA O DELITO?
El Fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas, explicó que, de momento, no se ha tipificado un delito penal, aunque reconoció que existen claras responsabilidades administrativas. La hipótesis que manejan es que hubo una saturación del trabajo, pero esto no excusa las condiciones infrahumanas ni la falsificación simbólica de un funeral.
La empresa —que operaba con permisos y recibía cuerpos de funerarias legalmente establecidas— está bajo investigación.
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