LANOTA.- Documentos judiciales del Tribunal del Distrito Este de Nueva York confirman que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) no retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por falta de pruebas, como ha sostenido el gobierno mexicano, sino por razones de interés diplomático con México.
Durante la audiencia del 18 de noviembre de 2020, el fiscal federal Seth DuCharme dejó en claro que la acusación por narcotráfico contra Cienfuegos era sólida y respaldada por pruebas. “No tengo ninguna preocupación sobre la solidez de nuestro caso”, afirmó el fiscal, señalando que la decisión de suspender el proceso fue una medida política.
EL COSTO DE LA DIPLOMACIA
DuCharme explicó ante la jueza federal Carol Bagley Amon que el gobierno de EE.UU. decidió que mantener una relación cooperativa con México era más importante que continuar con la acusación. “Los intereses más amplios superaban el interés público en seguir adelante con este caso en particular”, se lee en la transcripción oficial de la audiencia, citada por el periodista Arturo Ángel.
Este acuerdo, conocido como “Expulsión con reserva de derechos”, fue aprobado sin prejuicio (“without prejudice”), lo que significa que los cargos podrían retomarse en cualquier momento si el contexto político lo permite.
LA VERSIÓN DE SHEINBAUM, BAJO LA LUPA
A pesar de lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró la semana pasada en su conferencia matutina que el caso fue cerrado por falta de elementos. “La fiscalía no tuvo pruebas suficientes”, dijo, respaldada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Sin embargo, los documentos oficiales del tribunal contradicen directamente esa narrativa. No hay mención a carencias probatorias. Al contrario, se ratifica que el retiro de cargos fue una decisión política de alto nivel, tomada por el entonces fiscal William Barr para evitar una crisis diplomática.
UN CASO QUE SIGUE ABIERTO
Actualmente, Cienfuegos permanece libre en México. Pero al tratarse de una resolución “sin prejuicio”, la acusación podría reactivarse en cualquier corte de EE.UU. si la administración futura lo considera pertinente.
Para la abogada Estefanía Medina, experta en derecho penal estadounidense, este tipo de resoluciones dejan la puerta abierta a una posible reaprehensión o extradición: “No es un cierre definitivo, es una pausa estratégica”.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
