LANOTA.– Más de 15 años después de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, que se cobró la vida de 49 niños y dejó 106 lesionados, la justicia vuelve a ponerse en el centro del debate.
Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria del inmueble, fue finalmente detenida tras permanecer prófuga en Estados Unidos y deportada a México, donde quedó bajo custodia en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo. Ahora enfrentará una condena de casi 29 años por homicidio y lesiones culposas.
UNA HUIDA PROLONGADA
Téllez había escapado del país en 2022 mientras ya enfrentaba una sentencia firme. Su vinculación con redes políticas cercanas al IMSS y a figuras del gobierno federal alimentó la percepción de protección institucional durante años. Su retorno marca un punto crucial: por primera vez en más de una década, uno de los señalados directamente por la tragedia enfrenta la justicia, aunque los familiares recuerdan que la responsabilidad no termina con ella.
NEGLIGENCIA QUE COSTÓ VIDAS
El incendio de 2009 no fue un accidente aislado. Informes documentaron condiciones de riesgo extremo en la guardería: salidas de emergencia insuficientes, materiales inflamables y falta de supervisión efectiva. La combinación de negligencia, corrupción y omisión institucional convirtió el caso en un emblema de los fallos del Estado mexicano en protección infantil.
JUSTICIA INCOMPLETA
Para los padres agrupados en el Movimiento Cinco de Junio, la detención de Téllez es solo un paso inicial. Exigen que funcionarios públicos y supervisores que permitieron operar el inmueble en esas condiciones también respondan ante la ley. La senadora Lilly Téllez ha insistido: “La ABC es una herida abierta que no puede cerrarse sin justicia plena”.
UN CASO QUE TRASCIENDE FRONTERAS
El caso de la Guardería ABC sigue siendo un referente internacional sobre los riesgos de la privatización de servicios infantiles sin supervisión rigurosa. La detención de Téllez reactiva el debate sobre la eficacia del Estado mexicano en garantizar seguridad, justicia y reparación integral para las víctimas. Para los familiares, la exigencia es clara: solo un proceso judicial completo y la rendición de cuentas de todos los responsables podrán cerrar esta herida que sigue abierta más de 15 años después.
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