Huachicol fiscal en la Marina. Imagen creada con IA
LANOTA.– En México, el combustible que desaparece no sólo deja un hueco en las arcas públicas: deja cuerpos, secretos y silencios que pesan sobre la justicia. La semana pasada, el país conoció que dos elementos de la Secretaría de Marina murieron en menos de 24 horas tras el destape de una red de huachicol fiscal con vínculos militares y políticos.
Estas muertes no son simples coincidencias, advierten los expertos: forman parte de un entramado de corrupción y golpes bajos que sacude a las instituciones del Estado, de acuerdo con Infobae.
David Saucedo, consultor en seguridad y crimen organizado, explica sin filtros: “Es inmediato pensar que se trató de una acción concertada para callar las voces”. Los marinos asesinados podrían haber sido testigos clave y, de haberse acogido al programa de protección de testigos de la DEA en Estados Unidos, habrían revelado nombres que ponen al Gobierno de México en una situación extremadamente delicada.
MUERTES QUE APUNTAN A UN PATRÓN
El primero en caer fue el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Oficialmente se reportó un suicidio, tras hacerse público que recibía sobornos de 100 mil pesos por permitir el ingreso de buques con combustible ilegal.
Horas después, el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, exsubadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Oficialmente, un accidente. Pero para Saucedo y varios analistas de seguridad, estas muertes tienen un hilo conductor: silenciar a quienes podrían revelar la magnitud del contrabando y los nombres de políticos y militares implicados.
En 2024, la sombra ya se había posado sobre otro mando naval: el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director general de Recaudación de Aduanas en Manzanillo, Colima. Guerrero denunció irregularidades y una red de corrupción encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Su asesinato dejó un vacío y un mensaje claro: en este juego, las voces incómodas no sobreviven.
UNA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL
Saucedo asegura que la corrupción en el huachicol fiscal no es circunstancial, sino estructural.
“Se trata de la colaboración entre grupos del crimen organizado y mandos militares. Esta red fue tolerada por el Gobierno Federal hasta que la presión de Estados Unidos exigió acción. Estamos ante corrupción al más alto nivel, con secretarios de gabinete involucrados”.
Para el experto, es difícil imaginar que el secretario de Marina del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda, no tuviera conocimiento de las acciones y decisiones de sus familiares y subordinados implicados. La red habría contado con protección institucional, impunidad selectiva y la manipulación de procesos legales y administrativos para mantener el control del combustible que circula de manera ilegal.
LA MARINA EN LA ENCRUCIJADA
La crisis ha golpeado la credibilidad de la Marina como pocas veces en su historia reciente. Antes considerada de las instituciones de mayor confianza por la ciudadanía, ahora se enfrenta a un escenario donde la muerte de marinos, la captura de mandos y los “accidentes” mortales levantan sospechas de censura y encubrimiento.
“El asesinato de un delegado de la Fiscalía de Tamaulipas; la captura de un contralmirante; el aparente suicidio de un marino; la muerte de otro en un supuesto accidente en una práctica de tiro… todo nos hace suponer que las personas vinculadas con el contrabando están muriendo y que un poder superior está silenciando voces que podrían señalar a actores políticos de mucho más alto rango”, explica Saucedo.
Entre los casos más recientes, destaca la remoción de Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien asumió como subadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo y fue secuestrado y asesinado apenas dos semanas después de tomar el cargo.
HUACHICOL FISCAL Y COMPLICIDAD POLÍTICA
Para Saucedo, la red de contrabando no solo es un problema de seguridad o económico: es un símbolo de la corrupción que atraviesa las instituciones mexicanas. Desde aduanas hasta la Secretaría de Marina, pasando por funcionarios de gabinete y empresarios aliados, el entramado muestra cómo el crimen organizado y el poder político pueden entrelazarse para garantizar impunidad.
La presión de Estados Unidos obligó al gobierno de Claudia Sheinbaum a emitir órdenes de aprehensión, pero la reacción no fue legalidad y transparencia, sino muertes estratégicas y silencios forzados. Los nombres de los implicados y los beneficiarios permanecen parcialmente en la sombra, mientras la opinión pública solo conoce los fragmentos más visibles del entramado.
UN PAÍS QUE OBSERVA EN SILENCIO
Mientras los cuerpos se acumulan y los testigos desaparecen, el mensaje es claro: en México, la corrupción puede costar vidas, y quienes denuncian arriesgan ser eliminados. Las muertes recientes, los suicidios sospechosos y los “accidentes” no son hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas de poder, influencia y dinero que deja a la Marina, a la justicia y a los ciudadanos en medio de un conflicto que trasciende fronteras.
“Cada movimiento, cada muerte, cada remoción de cargo, forma parte de un juego mayor: el control del combustible, la protección de intereses privados y la censura de quienes podrían revelar la verdad”, concluye Saucedo.
En este tablero, México observa, y los ciudadanos preguntan: ¿hasta dónde llega la corrupción, y quién se atreverá a contar la historia completa?
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