LANOTA.- La iniciativa para incorporar datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP) avanza en Comisiones Unidas del Senado, presentada como un paso hacia la digitalización y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, Julieta del Río Venegas, experta en derechos digitales, advierte que detrás del discurso de modernización hay una grave amenaza para la privacidad de millones de personas.
LA CORRUPCIÓN NO SE ELIMINA CON DATOS CENTRALIZADOS
“La corrupción no se elimina con bases de datos centralizadas; es un problema estructural que exige controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas”, señala Del Río Venegas. Para ella, “simplificar la solución a un número con biometría distrae del verdadero debate: ¿quién custodiará esta información? ¿Con qué garantías y controles?”, de acuerdo con un artículo publicado El Heraldo de México.
La preocupación principal radica en la naturaleza irreemplazable de los datos biométricos. “Si te roban una contraseña, puedes cambiarla. Pero si te roban la huella digital o el escaneo facial, no puedes cambiar tu identidad corporal”, advierte. Por ello, recalca la necesidad de “los más altos estándares de seguridad, supervisión independiente y una legislación específica que garantice un tratamiento legítimo, proporcional y seguro de esta información.”
HISTORIAL DE FILTRACIONES Y FALTA DE FISCALIZACIÓN
Del Río Venegas recuerda que “hemos sido testigos de filtraciones masivas y uso indebido de datos por parte de autoridades y actores privados, bajo un esquema de fiscalización tecnológica débil”. Frente a esto, pregunta con preocupación: “¿Qué ha cambiado para asegurar que no ocurrirá lo mismo con la CURP biométrica?”
La experta destaca además la importancia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y cuestiona su ausencia: “Sin ese contrapeso, ¿quién podrá fiscalizar el uso indebido de la información o responder por fallas en su protección?”
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON GARANTÍAS DE DERECHOS HUMANOS
Finalmente, Julieta del Río enfatiza que “no se trata de rechazar la innovación tecnológica, sino de exigir que se implemente con base en derechos humanos y garantías para la ciudadanía. Centralizar los datos biométricos sin saber quién tendrá acceso o cómo se usarán, es jugar con fuego”.
La digitalización del Estado, concluye, “no puede ir por delante de los derechos, sobre todo cuando están en juego la identidad y la privacidad de las personas. Antes de celebrar este avance, necesitamos saber: ¿en manos de quién estarán nuestros datos?”
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