LANOTA.- El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron condenados a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Gobierno mexicano tras un fallo emitido por una corte civil en Miami, Florida.
La decisión fue tomada por la jueza Lisa Walsh, luego de que ambos fueran señalados como responsables de operar un esquema ilegal de contratación y desvío de recursos públicos durante su paso por el Gobierno federal.
A diferencia del juicio penal por narcotráfico que se llevó a cabo en Nueva York, esta sentencia no incluyó juicio oral. Los acusados no se defendieron activamente, lo que permitió que el juez emitiera una sentencia en su contra por omisión (default judgment).
¿CUÁNTO DEBERÁN PAGAR Y POR QUÉ?
De acuerdo con la periodista Peniley Ramírez, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa, Cristina Pereyra, fue sentenciada a pagar mil 740 millones de dólares. Estos montos corresponden al dinero que presuntamente fue extraído del erario mexicano a través de contratos simulados.
“Es el dinero que se considera que robaron al Gobierno mexicano junto con otros conspiradores, en un esquema ilegal en el que se hicieron contratos con el Gobierno. Buena parte de ese dinero terminó lavándose en Miami”, explicó Ramírez en entrevista con Azucena Uresti.
CONTRATOS FALSOS Y LAVADO DE DINERO
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, bajo el liderazgo de García Luna se consolidó un conglomerado empresarial familiar que obtuvo 30 contratos con dependencias de seguridad pública mexicanas. Estos contratos permitieron la extracción de recursos públicos por más de 745 millones de dólares.
Los fondos fueron transferidos a Estados Unidos, utilizando paraísos fiscales y una compleja red financiera para ocultar su origen ilícito. Parte del dinero fue empleado para adquirir bienes inmuebles, vehículos de lujo y otros activos en Florida, lo que motivó que el Gobierno mexicano presentara una demanda civil en septiembre de 2021.
DEMANDA CIVIL PARA RECUPERAR EL DINERO
La demanda fue interpuesta por el Gobierno mexicano en el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, con el objetivo de recuperar los activos obtenidos con recursos desviados del erario. Como resultado de este procedimiento, la jueza Lisa Walsh ordenó la devolución de los montos antes mencionados.
La UIF también incluyó a otros siete involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellos:
- Mauricio Samuel Weinberg López
- Jonathan Alexis Weinberg Pinto
- Sylvia Donna Pinto de Weinberg
- Natan Wancier Taub
- José Francisco Niembro González
- Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro
Todos fueron señalados por su presunta participación en el esquema de desvío y lavado.
UN CASO DIFERENTE AL JUICIO POR NARCOTRÁFICO
Es importante destacar que este caso es independiente del juicio penal que enfrentó García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde fue declarado culpable en 2023 por colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mientras se desempeñaba como funcionario público.
Por esos delitos, fue sentenciado a más de 38 años de prisión por cargos como:
- Participación en empresa criminal continua
- Conspiración para distribuir e importar cocaína
- Declaraciones falsas a autoridades estadounidenses
Actualmente, García Luna se encuentra recluido en la prisión USP Lee, en el estado de Virginia, con fecha de liberación estimada en 2052.
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¿QUÉ SIGUE?
La sentencia civil dictada en Miami obliga al pago, pero su ejecución dependerá de la localización y recuperación de los activos. El Gobierno mexicano, como demandante, recibirá los fondos que logren asegurarse, aunque la recuperación total de los montos podría tomar años y requerir la colaboración de autoridades estadounidenses.
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