LANOTA.- El ídolo del fútbol y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, suma una mancha más a su historial político. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Blanco cometió violencia política en razón de género contra la exdiputada federal Juanita Guerra, también de Morena, en un episodio que evidencia el uso faccioso del poder y la protección que otorga el fuero a los impresentables.
UNA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA
La Sala Superior del TEPJF determinó por mayoría de votos que Blanco y su excolaborador Arturo César Millán invisibilizaron a la diputada durante un evento oficial en 2022. Se trató del desfile por el CCXI aniversario del Sitio de Cuautla, al que Juanita Guerra no fue invitada a las reuniones de planeación, se le negó la instalación de un templete autorizado y se le prohibió el acceso al palco principal, a pesar de haber sido una de las organizadoras.
El fallo del Tribunal fue contundente: la exclusión de la legisladora fue un acto de violencia simbólica que atenta contra el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
UNA SANCIÓN… A MEDIAS
Con esta resolución, el exgobernador de Morelos será inscrito por un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del INE. Y aunque esto le impedirá competir por un cargo público durante ese lapso, conservará su fuero constitucional como diputado federal, ese blindaje político que lo protege incluso de una acusación más grave: abuso sexual.
Sí, el mismo Cuauhtémoc Blanco que fue señalado penalmente en Morelos por presuntos delitos sexuales y cuyo proceso de desafuero fue bloqueado en la Cámara de Diputados por su propio partido, Morena, y sus aliados. Una señal inequívoca de cómo la lucha contra la violencia política de género es, para algunos, más discurso que compromiso real.
PROTEGIDO DESDE EL PODER
Desde el gobierno federal se ha intentado minimizar el caso, al calificarlo como parte de una “campaña sucia” contra el exfutbolista. Pero los hechos, ahora validados por la máxima autoridad electoral, son inapelables: Cuauhtémoc Blanco usó su poder para excluir, humillar y limitar a una compañera de partido en un acto público. Y lo hizo amparado en el cargo y en la impunidad.
¿JUSTICIA CON LETRA PEQUEÑA?
Esta resolución marca un precedente importante, pero también deja preguntas abiertas:
- ¿De qué sirve el Registro de sancionados si los partidos mantienen en cargos de poder a agresores políticos?
- ¿Qué mensaje se envía a las víctimas si el acusado puede seguir legislando, haciendo campaña o siendo protegido por su bancada?
Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco permanece en San Lázaro, sin consecuencias reales más allá de una sanción administrativa, con fuero, reflectores y una carrera política que —pese a todo— parece seguir en marcha.
En la política mexicana, la violencia de género se castiga… solo cuando conviene.
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