LANOTA.- El Instituto Nacional Electoral (INE) vuelve a poner el dedo en la llaga de las finanzas partidistas. En una resolución derivada de una auditoría especial, el órgano electoral impuso multas por un total de 32 millones de pesos (unos 1.7 millones de dólares) a partidos políticos nacionales y locales, debido a irregularidades en el pago de impuestos. Aunque se presentan como sanciones técnicas, el fondo es político: la evasión fiscal se vuelve regla y no excepción en la vida interna de los partidos.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, insistió en que esta medida refuerza el compromiso del INE con la rendición de cuentas. Pero el balance deja más preguntas que certezas. ¿Cómo es posible que partidos que se dicen defensores del pueblo o de la ley operen como si estuvieran por encima de ambas cosas?
LOS MÁS SANCIONADOS: PT, PRI Y PAN
Los partidos más sancionados fueron el Partido del Trabajo (PT), con 13.3 millones de pesos, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 12 millones, y el Partido Acción Nacional (PAN) con 4 millones. En contraste, Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el extinto PRD recibieron sanciones simbólicas. ¿Un sesgo político o simple coincidencia fiscal?
UNA FISCALIZACIÓN QUE APENAS RASCA LA SUPERFICIE
Según detalló Humphrey, el universo fiscalizable incluyó 315 partidos políticos con registro vigente en 2023. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) recabó información de autoridades fiscales, de seguridad social y tesorerías locales en todo el país, analizando ejercicios fiscales hasta 2022. Se detectaron cientos de errores: se notificaron 296 oficios de observación, se realizaron 130 reuniones de confronta, y se emitieron 558 solicitudes de corrección contable.
Pese a ello, los castigos siguen sin representar una verdadera amenaza para quienes hacen del incumplimiento una práctica sistémica. Como siempre, los partidos recurren al camino de la impugnación: el PRI ya anunció que llevará su caso al Tribunal Electoral, escudándose en tecnicismos para evitar consecuencias de fondo.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DESORDEN PRIVADO
El problema va más allá de simples deslices administrativos. Estas irregularidades reflejan una cultura de opacidad y desdén hacia la ley, financiada con recursos públicos. Los partidos, mientras exigen más presupuesto y reclaman su papel en la democracia, acumulan multas sin que ello afecte sus privilegios ni su acceso a los fondos del erario.
El caso es una muestra más de que el sistema de fiscalización del INE, por exhaustivo que parezca, no logra disuadir ni corregir el abuso sistemático. Sin sanciones ejemplares, los partidos seguirán viendo las multas como un costo operativo menor.
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