LANOTA.- A más de una semana de haber declarado un receso, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene en pausa la sesión para validar la elección judicial de este año. El motivo: la falta de acuerdo interno sobre los criterios académicos que deben cumplirse para ocupar cargos en el Poder Judicial. En consecuencia, 850 nombramientos —incluidos jueces de distrito y magistraturas de circuito— siguen pendientes, lo que genera incertidumbre institucional.
LOS CRITERIOS QUE ATORAN LA ELECCIÓN
El principal punto de choque en el Consejo General del INE es la interpretación del artículo constitucional que exige un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho, así como un promedio de 9 en las materias vinculadas a la especialidad judicial. Durante la sesión del 18 de junio, se detectó que decenas de personas electas no cumplían con estos requisitos, lo que detonó la suspensión del proceso.
Ante la situación, el área jurídica del INE propuso considerar promedios de 7.9 como válidos bajo el argumento del “redondeo académico”. La propuesta fue rechazada por varias consejeras, quienes advirtieron que no hay sustento constitucional para aplicar criterios flexibles en esta elección.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Hasta ahora, el INE ha logrado validar a 31 personas electas, entre ellas nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la mayor parte del aparato judicial electo sigue sin certidumbre jurídica, ya que el proceso se encuentra congelado por la falta de criterios claros y consensuados.
Además, las tensiones crecen con la propuesta de otorgar el triunfo a las segundas candidaturas más votadas cuando las ganadoras no cumplan los requisitos. Aunque parecería una salida lógica, consejeros del INE alertan que esa medida podría violar la Ley de Medios de Impugnación, que establece la nulidad de una elección en caso de inelegibilidad del candidato electo.
PRESIÓN POLÍTICA Y FUTURA REFORMA
A la par de la discusión técnica, el proceso está atravesado por tensiones políticas. El 24 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al INE de extralimitarse al anular votos de 818 casillas en la elección de ministros de la SCJN. Además, anunció que en septiembre presentará una reforma electoral, lo que podría modificar el diseño y atribuciones del instituto.
Por ahora, el INE no ha fijado una fecha para reanudar la sesión, lo que implica que cientos de cargos judiciales electos en las urnas no podrán asumir funciones hasta que se emitan las constancias oficiales.
LO QUE SIGUE
Mientras no se logre un acuerdo dentro del Consejo General, el órgano electoral no puede dar por concluida la primera elección judicial en la historia del país. La falta de criterios uniformes y la presión externa colocan al INE en una posición incómoda: si valida sin rigor, compromete su autonomía; si aplica la norma estrictamente, enfrenta acusaciones de obstrucción política.
El desenlace no será técnico, sino profundamente político. Y de su resolución dependerá no solo la conformación del nuevo Poder Judicial, sino la credibilidad del INE frente al nuevo gobierno y a la ciudadanía.
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