LANOTA.– Después de años de señalamientos, investigaciones truncas y denuncias ciudadanas, Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), enfrenta por primera vez una acusación formal de la Fiscalía General de la República (FGR). La indagatoria apunta a presunto enriquecimiento ilícito, derivado de irregularidades en su patrimonio y millonarios gastos familiares que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no tienen justificación legal.
DEL ESCÁNDALO AL EXPEDIENTE
Zebadúa fue una figura central en la llamada “Estafa Maestra”, el esquema de triangulación de recursos públicos a través de universidades y empresas fantasma que, entre 2013 y 2018, drenó miles de millones de pesos del erario. Mientras su jefa inmediata, Rosario Robles, terminó en prisión preventiva por tres años, Zebadúa logró eludir la acción de la justicia, incluso tras ofrecerse como testigo colaborador.
Hoy, la FGR sostiene que el exfuncionario habría utilizado su posición para transferir recursos a cuentas de sus familiares, quienes entre 2013 y 2018 realizaron gastos por más de 14 millones de pesos en ropa, tarjetas de crédito y pagos en efectivo.
EL RASTRO FINANCIERO
Los documentos de la UIF revelan que tanto sus hijos, Nicolás y Julia, como su pareja sentimental, aparecen vinculados en movimientos financieros que no corresponden con sus ingresos declarados. Según la denuncia, los pagos realizados en tiendas de lujo y servicios exclusivos se cubrieron con recursos de Zebadúa.
Las anomalías se documentaron primero en la Secretaría de la Función Pública (SFP), que turnó las observaciones a la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno retomó el expediente y notificó a Zebadúa incluso mediante edictos en el Diario Oficial de la Federación, ante los intentos del exfuncionario de mantenerse fuera de alcance judicial.
¿EL PROTEGIDO DE LA FISCALÍA?
Diversos reportajes han señalado que Zebadúa habría pagado sobornos dentro de la propia FGR para evitar que se judicializaran las carpetas en su contra. Esa protección explicaría por qué, a diferencia de Rosario Robles, Zebadúa permaneció intocable por casi una década, pese a ser señalado como el “cerebro” del desvío millonario.
El caso abre un nuevo debate sobre la impunidad en los grandes escándalos de corrupción en México y la eficacia de la FGR bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, cuestionada por dilaciones en procesos clave.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
De confirmarse los cargos, este sería el primer juicio penal contra Zebadúa. El juez de control del Reclusorio Sur deberá decidir si emite una orden de aprehensión en los próximos días.
El proceso representa más que un expediente judicial: puede convertirse en un parteaguas en la rendición de cuentas del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuya herencia política sigue marcada por la corrupción sistémica.
Para Rosario Robles, quien salió de prisión bajo el argumento de que no había riesgo de fuga, este giro puede significar una revindicación pública: ella fue señalada como la responsable política de la Estafa Maestra, mientras Zebadúa —a quien incluso calificó como “el verdadero artífice del saqueo”— permaneció en libertad.
LA PREGUNTA DE FONDO
La judicialización contra Emilio Zebadúa plantea una interrogante:
¿es este el inicio real de un proceso contra los operadores de la corrupción sexenal, o se trata de una acción tardía y aislada para simular combate a la impunidad?
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