LANOTA.- En México, la tortura no es una excepción: es una estrategia. Así lo deja al descubierto el recién presentado Índice Global de la Tortura (IGT), elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que coloca al país con un “riesgo alto” de tortura y malos tratos, en un escenario donde la impunidad no solo reina, sino que alimenta un sistema podrido desde sus cimientos.
TORTURA PARA INVESTIGACIÓN: UNA PRÁCTICA GENERALIZADA
El IGT lo dice con contundencia: la tortura en México es una práctica generalizada que sustituye al debido proceso, y es utilizada como método para obtener confesiones y fabricar culpables. En otras palabras: las instituciones que deberían defender la justicia la violan sistemáticamente desde el primer contacto con los detenidos.
De acuerdo con el informe, figuras legales como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y la falta de voluntad del Estado para investigar a los perpetradores han sido piedras angulares del abuso estructural. Nada casual. Nada aislado. Todo responde, en palabras del mismo índice, a lo que parece “una política de Estado” para perseguir inocentes con fines políticos o por simple negligencia burocrática.
LA IMPUNIDAD TIENE CIFRAS
Entre 2019 y 2024, se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura en México, con más de 3 mil 500 víctimas, según la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del IFDP. Sin embargo, solo 18 casos han sido judicializados. Sí, menos del 0.1%. El mensaje es claro: torturar en México no tiene consecuencias.
Y ese margen de impunidad no es casual. Como denunció el observatorio contra la tortura, las condiciones inhumanas dentro de los penales y los tratos crueles durante los traslados judiciales son una práctica sistemática y encubierta, una herida abierta que ni la ley ni las instituciones se atreven a tocar.
LAS VÍCTIMAS HABLAN: EL INFIERNO QUE NADIE QUIERE VER
Lucía Alvarado, cuyo hermano fue torturado y encarcelado, lo dice sin rodeos: “la tortura es reiterada, pero negada sistemáticamente por las autoridades”. Osvaldo Salvatierra, encarcelado durante 14 años tras ser detenido y torturado junto con su familia, relata cómo el sistema es tan disfuncional que no ha podido liberar a todos los inocentes implicados en su caso, aún cuando se ha probado que se trató de una fabricación.
Estos testimonios no son excepciones. Son apenas una muestra de un fenómeno que, según la OMCT, se extiende desde el primer momento de la detención hasta los tribunales, las cárceles y los silencios del Estado.
UN SISTEMA PERVERTIDO, UN ESTADO SELECTIVO
El IGT va más allá: señala que el uso de la tortura en México no es producto del descuido, sino de un modelo de justicia deformado que favorece el castigo rápido, la construcción de verdades a modo y la represión de los más vulnerables. La consecuencia directa: un Estado de derecho selectivo, donde la justicia se aplica según el perfil, la clase social o el contexto político.
¿QUIÉN RESPONDE? ¿QUIÉN ROMPE EL CÍRCULO?
México fue incluido en esta primera edición del índice junto a otros 25 países, pero el diagnóstico para nuestra nación es especialmente grave. La responsabilidad ya no puede esconderse bajo el tapete de la “herencia del pasado” ni de “casos aislados”. La tortura es una política silenciosa que atraviesa administraciones, colores partidistas y mandos policiales.
Y si hoy sigue ocurriendo, es porque a alguien le conviene.
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