30/04/2026
LANOTA.- En una maniobra política que eleva la tensión entre el pacto federal y el estado fronterizo, la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván arremetió contra la Cámara Alta al justificar su negativa a comparecer ante el Senado de la República.
La mandataria panista utilizó como escudo la reciente solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra altos mandos de Morena en Sinaloa, cuestionando la catadura moral de quienes pretenden llamarla a rendir cuentas.
“¿Cómo iba yo a comparecer en una reunión de trabajo del Senado? Si quienes hacen comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en esta lista roja del gobierno de Estados Unidos; nos vamos dando cuenta de quién es quién”, sentenció Campos este miércoles, marcando una línea de fuego entre su administración y los legisladores señalados por Washington.
EL CONTEXTO: LA SOMBRA DE LA EXTRADICIÓN EN SINALOA
La defensa de la gobernadora surge apenas 24 horas después de que el gobierno estadounidense solicitara formalmente la detención provisional con fines de extradición de diez figuras clave del estado de Sinaloa.
Entre los nombres que figuran en este expediente de alto nivel se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador Rubén Rocha Moya, ambos vinculados a presuntas operaciones con facciones del crimen organizado.
Esta sacudida diplomática coincidió con el citatorio de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, que buscaban interrogar a Campos Galván por el escándalo de los agentes encubiertos de la CIA en territorio chihuahuense.
Para la mandataria, la coincidencia temporal no es fortuita, sino una oportunidad para exhibir lo que ella considera una incongruencia legislativa por parte de la mayoría oficialista.
LA POLÉMICA DE LA CIA: ¿OPERACIÓN ENCUBIERTA O VIOLACIÓN SOBERANA?
El origen del conflicto que tiene a la gobernadora bajo la lupa federal se remonta al 19 de abril, día en que el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos terminó en tragedia.
El saldo fue la muerte de dos agentes de la CIA y dos civiles mexicanos en el paraje conocido como “El Pinal”. El evento encendió las alarmas sobre una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, la cual prohíbe terminantemente que agencias extranjeras realicen labores operativas en México sin el aval de la Cancillería.
Ante el Senado, Maru Campos ha sostenido que su inasistencia responde estrictamente a la necesidad de salvaguardar información clasificada de las investigaciones en curso. Sin embargo, el gobierno federal ha sido enfático en que la cooperación internacional debe limitarse al intercambio de inteligencia, rechazando tajantemente la presencia directa de personal armado extranjero en operativos de campo.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL ESTADO
Pese al cerco político, la gobernadora ha mantenido una agenda pública firme. Durante un encuentro con la cúpula empresarial de la COPARMEX en Ciudad Delicias, Campos Galván defendió su modelo de seguridad, calificando la paz ciudadana como “el ejercicio más acabado de nuestra soberanía”. En un mensaje directo a Palacio Nacional, ratificó que no dará marcha atrás en su estrategia de combate al narcotráfico, desestimando las críticas federales sobre el manejo del caso CIA.
Asimismo, la mandataria aprovechó eventos institucionales para señalar los estragos colaterales del crimen, advirtiendo que los menores bajo tutela del Estado presentan graves daños neurológicos producto de la violencia imperante. Con este discurso, Campos busca desplazar la narrativa de la “injerencia extranjera” hacia una de “urgencia estatal” frente a la delincuencia.
UN INTERROGANTE ABIERTO PARA PALACIO NACIONAL
Con la gobernadora renuente a pisar el Senado y la Fiscalía General de la República (FGR) profundizando en las pesquisas, la incógnita central que tensa la relación bilateral con Washington permanece sin resolver: ¿quién autorizó la operación de la CIA en la sierra de Chihuahua?
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no habrá impunidad y que la soberanía no se negocia, el caso de los agentes estadounidenses y la “lista negra” de funcionarios sinaloenses mantienen al sistema político mexicano en un estado de alerta y confrontación institucional sin precedentes.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Desacato Justificado: Maru Campos rechazó comparecer ante el Senado alegando que sus inquisidores están en la lista de extradición de EE. UU.
- Vínculos con Sinaloa: La gobernadora usó los cargos contra Rubén Rocha e Enrique Inzunza para deslegitimar el citatorio legislativo.
- Escándalo de la CIA: La investigación central gira en torno a la muerte de agentes extranjeros en un narcolaboratorio en Chihuahua.
- Soberanía en Disputa: El caso pone en duda si la administración estatal permitió operaciones operativas de agencias de EE. UU. violando la ley federal.
- Estrategia de Seguridad: Campos defiende su gestión ante empresarios, afirmando que la paz ciudadana es prioridad por encima de las críticas políticas.
- Investigación de la FGR: El gobierno federal busca determinar quién dio el visto bueno para el ingreso de la CIA a la zona de conflicto.
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