3/07/2026
LANOTA.- El panorama político y judicial de Sinaloa se complejiza tras revelarse nuevos hilos conductores que vinculan a la administración local con la delincuencia organizada. Mientras el escrutinio de las autoridades de Estados Unidos se mantenía firme sobre el gobernador con licencia, Ruben Rocha Moya, y otros nueve operadores por sus nexos históricos con el Cartel de Sinaloa, una nueva línea de investigación apunta ahora hacia operaciones financieras que rozan al Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG).
La filtración de un expediente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha puesto al descubierto que una entidad pública de Sinaloa dedicada a la infraestructura desvió fondos en abril de 2024 a favor de Ahavat Logistics Solution. Dicha firma comercializadora de energéticos fue boletinada y bloqueada por el Departamento del Tesoro estadounidense el pasado 30 de junio, al ser señalada como pieza clave en un engranaje de lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos operado bajo el cobijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
A través de una revisión a las entrañas contables de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin) —un brazo paraestatal fundado en 1987 que evolucionó hasta convertirse en un ejecutor central de obras en la entidad—, MCCI detectó tres depósitos bancarios emitidos entre el 4 y el 23 de abril de 2024 por una suma de 678,900 pesos. Dentro de las bitácoras internas de la dependencia, los movimientos fueron clasificados de forma escueta bajo el concepto de “pago de factura”, omitiendo deliberadamente las especificaciones técnicas o los materiales supuestamente adquiridos.
UN PROVEEDOR FANTASMA EN LOS REGISTROS OFICIALES DE SINALOA
La opacidad en torno a estos movimientos se profundiza al constatar que Ahavat Logistics Solution no cuenta con registro en el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, ni existen rastros de su participación dentro de la plataforma Compranet a nivel local. La organización civil enfatizó la total ausencia de contratos formales, concursos de licitación o dictámenes de adjudicación directa que den legalidad y transparencia al origen de estas transacciones económicas.
La compañía implicada se estableció formalmente el 13 de febrero de 2017 en la capital del Estado de México, Toluca, con un acta constitutiva que le permite realizar más de 40 giros comerciales, destacando la gestión, importación y venta masiva de derivados del petróleo y diésel. Para mediados de 2020, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó de manera formal el permiso de comercialización bajo el expediente H/23558/COM/2020.
La gestión jurídica y operativa de la comercializadora recae en Jose Refugio Ruiz Villagomez, quien funge como su administrador único. Este mismo individuo fue integrado en la lista negra emitida el 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencias que lo catalogan de forma directa como un facilitador logístico y financiero al servicio de la organización delictiva de Jalisco, bajo los decretos de seguridad nacional E.O. 14059 y E.O. 13224.
CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Información desclasificada por las agencias norteamericanas apunta a que Ruiz Villagómez introducía cargamentos ilegales de combustible de contrabando desde la frontera norte hacia territorio mexicano evadiendo los aranceles y normativas aduaneras, un modus operandi que requería el pago de prebendas a las agrupaciones criminales posicionadas en las aduanas y puertos de entrada. Las investigaciones financieras detallan que tanto Ahavat como su filial, Jomadi Logistics & Cargo, movilizaron millones de dólares mediante bancos en Estados Unidos para fondear actividades ilícitas ligadas al CJNG, teniendo en ambos casos al mismo Ruiz Villagómez como principal accionista.
La huella de Jomadi Logistics & Cargo posee un trasfondo geopolítico más amplio; durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la empresa recibió anuencia estatal para la importación de hasta 9,000 millones de litros de diésel. Meses después, en marzo de 2020, la compañía pactó un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para intercambiar crudo extraído de Venezuela por combustible refinado en puertos de Turquía, lo que desató una investigación formal del FBI por trafico de combustible.
LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DE ROCHA MOYA ANTE LAS ACUSACIONES EN NUEVA YORK
El flujo de dinero público desde Preecasin hacia corporaciones ligadas al CJNG agrava la situación legal de Ruben Rocha Moya, quien paralelamente enfrenta un proceso en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presunta complicidad con la vertiente de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. El pliego petitorio presentado por las autoridades federales de EE.UU. sostiene que el mandatario sostuvo diálogos previos a los comicios de 2021 con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes presuntamente coordinaron el secuestro de adversarios políticos y el robo de urnas para favorecer su victoria; acusaciones que Rocha Moya ha desmentido tajantemente.
El expediente judicial de Nueva York detalla de igual manera esquemas de financiamiento mensual en efectivo destinados a corromper a altos mandos en Sinaloa, incluyendo al entonces vicefiscal de la entidad, directores policiales de investigación y secretarios de seguridad pública para blindar las operaciones de la estructura criminal. El cruce financiero entre el dinero del CJNG y el entorno de Rocha Moya expone un panorama todavía más complejo: desde 2025, reportes de inteligencia federal señalan que Los Chapitos y el CJNG consolidaron una alianza bélica y operativa con el fin de combatir en conjunto a “La Mayiza”, bloque en conflicto abierto tras la detención y traslado forzado a territorio estadounidense de Ismael “El Mayo” Zambada.
PUNTOS CLAVE
- Desvío de fondos: El organismo estatal Preecasin realizó tres transferencias en abril de 2024 por un monto total de 678,900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution bajo conceptos ambiguos de facturación.
- Sanción internacional: Ahavat Logistics Solution y su propietario, José Refugio Ruiz Villagómez, fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU. por pertenecer a una red de huachicol fiscal y lavado de dinero vinculada al CJNG.
- Ausencia de contratos: La empresa beneficiada por el gobierno de Sinaloa no se encuentra registrada en los padrones estatales de proveedores ni en el sistema Compranet, operando de manera oculta al escrutinio público.
- Historial transnacional: Jomadi Logistics & Cargo, empresa hermana de la red, cuenta con antecedentes de importación masiva en el sexenio de Peña Nieto y fue investigada por el FBI debido a transacciones de crudo con el régimen de Venezuela en 2020.
- Doble nexo criminal: Las transacciones coinciden con acusaciones directas de la fiscalía de Nueva York contra Rocha Moya por cogobernar con Los Chapitos, revelando además una alianza táctica actual entre esta facción de Sinaloa y el CJNG para combatir a los operadores de “La Mayiza”.
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