LANOTA.- Era un día como cualquier otro en San Mateo Piñas, una comunidad enclavada en la región Costa de Oaxaca, con poco más de 2 mil habitantes, donde las decisiones aún se toman por usos y costumbres. Ayer, poco después de las 11 de la mañana, la rutina se rompió con violencia: Lilia Gema García Soto, presidenta municipal, fue asesinada a balazos dentro de sus oficinas del Palacio Municipal.
A plena luz del día y con una facilidad que revela vulnerabilidades alarmantes, al menos cuatro hombres armados, presuntamente disfrazados de policías, irrumpieron en el edificio del gobierno municipal, sometieron a los elementos de seguridad y ejecutaron a la alcaldesa morenista, quien ya se encontraba en el último tramo de su gestión iniciada en enero de 2023.
Junto a ella murió Gregorio García Ruiz, representante comunitario, quien al parecer se encontraba en el lugar en el momento del ataque.
UN CRIMEN CON SELLO DE IMPUNIDAD
Testigos afirman que los atacantes llegaron en motocicletas y escaparon de la misma forma, dejando un ambiente de miedo e incertidumbre. Las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Salomón Jara, también de Morena, condenaron el ataque.
“No puede haber impunidad ante este acontecimiento… vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia”, aseguró Jara en un mensaje oficial.
Pero lo cierto es que Oaxaca acumula ya una estela de crímenes contra autoridades municipales, la mayoría sin justicia ni responsables detenidos. El caso más reciente fue el del alcalde de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, asesinado apenas el 15 de mayo.
POLÍTICA Y PODER EN ZONAS OLVIDADAS
Lilia Gema García no era una figura política tradicional. Fue elegida por su comunidad en un sistema de usos y costumbres y se afilió a Morena ya como alcaldesa. Desde su llegada al poder, había promovido una investigación por el presunto desvío de 25 millones de pesos del Fondo para la Reconstrucción tras el paso del huracán Agatha en 2022, fondos que habrían sido desviados durante la administración de su antecesor, Tomás Victorio García.
La denuncia había causado ruido. El dinero estaba destinado a la rehabilitación de caminos y viviendas afectadas por el fenómeno natural, pero, como en muchos otros municipios marginados del país, la ayuda nunca llegó del todo.
ENTRE EL MIEDO Y LA INDIFERENCIA
San Mateo Piñas no tiene policía municipal suficiente ni infraestructura de vigilancia. La alcaldesa, pese a sus señalamientos por corrupción, carecía de escoltas o protección especial. Gobernaba casi sola, como muchos otros ediles en México que caminan al filo de la amenaza.
Su asesinato no solo deja un vacío político en un municipio olvidado. Envía un mensaje brutal sobre los límites del poder real de las autoridades locales en regiones dominadas por redes informales, cacicazgos o grupos criminales.
EL SILENCIO TRAS LOS DISFRACES
Que los atacantes usaran uniformes de policía para ingresar al edificio es más que una táctica: es una señal. En muchas regiones, la línea entre autoridad y criminal es tan delgada que se puede vestir. Se sospecha que los asesinos recibieron apoyo logístico desde dentro o cerca de la estructura local de seguridad.
Mientras tanto, el municipio llora a su alcaldesa y los oaxaqueños suman otro nombre a una lista que crece cada año: la de autoridades asesinadas mientras ejercen su encargo.
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