El extraño caso de Cienfuegos libre: ¿justicia, presión, pacto o impunidad?

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Salvador Cienfuegos.

LANOTA.MX.–   El caso del general Salvador Cienfuegos estuvo marcado por una intensa presión diplomática por parte del gobierno mexicano, lo que llevó a Estados Unidos a retirar los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional. ¿Fue una decisión basada en la soberanía y cooperación entre naciones o una concesión política sin precedentes?

AMLO: CUESTIONAMIENTOS INICIALES

Desde un principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el caso, calificándolo como un asunto del pasado y sugiriendo que podría tratarse de una maniobra política. El 18 de noviembre de 2020, tras el anuncio del retiro de los cargos, el mandatario declaró que “no podemos permitir que se fabriquen delitos”, poniendo en duda la veracidad de las acusaciones contra Cienfuegos.

ACUSACIONES CONTUNDENTES

Inicialmente, los fiscales estadounidenses sostenían que Cienfuegos “abusó de su alto cargo para ayudar a un cartel de la droga“, proporcionando protección a narcotraficantes a cambio de sobornos. En documentos judiciales presentados el 15 de octubre de 2020, argumentaron que “las pruebas obtenidas a través de interceptaciones electrónicas muestran su cooperación activa con la organización delictiva“.

Las evidencias, según los fiscales, eran irrefutables: mensajes interceptados y testimonios señalaban al exsecretario como un aliado clave del narcotráfico. “Este no es un caso basado en especulaciones, sino en pruebas concretas de su participación activa en el crimen organizado“, declararon en la corte.

PRESIÓN DIPLOMÁTICA DE MARCELO EBRARD

Desde la detención de Cienfuegos en octubre de 2020, el entonces canciller Marcelo Ebrard desplegó una ofensiva diplomática sin precedentes, exigiendo explicaciones a Washington y denunciando que no se había informado a México sobre la investigación. “Es un atropello a nuestra soberanía que detengan a un exsecretario de la Defensa sin siquiera notificarnos“, afirmó en una conferencia el 20 de octubre de 2020.

Las gestiones de Ebrard incluyeron comunicaciones directas con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y presiones en foros internacionales para que el caso fuera trasladado a México. “No podemos permitir que otro país juzgue a nuestras fuerzas armadas sin pruebas contundentes y sin cooperación previa“, insistió el canciller.

RETIRO DE CARGOS: ¿PACTO POLÍTICO?

El 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. accedió a desestimar los cargos, señalando que “Estados Unidos reconoce la fuerte relación con México en la aplicación de la ley y el respeto mutuo por la soberanía de nuestras naciones“. Sin embargo, la decisión generó desconcierto dentro de los círculos judiciales estadounidenses.

Nuestra investigación fue sólida y las pruebas eran contundentes“, insistieron los fiscales, dejando entrever que la presión diplomática jugó un papel crucial en la resolución del caso. Analistas estadounidenses calificaron el retiro de cargos como “una claudicación ante México sin precedentes en la historia judicial de EE.UU”.

La jueza Carol Amon, a cargo del caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, expresó su sorpresa por la decisión, pero aceptó la solicitud del Departamento de Justicia. “Nunca antes había visto que una fiscalía retirara cargos de esta magnitud por razones diplomáticas“, comentó en la audiencia.

EXONERACIÓN RÁPIDA EN MÉXICO

De regreso en México, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró a Cienfuegos el 14 de enero de 2021, concluyendo que “no se encontró evidencia suficiente para procesarlo”. Esta decisión levantó serias dudas sobre la independencia del sistema judicial mexicano. “Fue una investigación exprés que confirma la falta de autonomía de la justicia en casos de alto perfil“, señalaron expertos en seguridad.

IMPLICACIONES EN LA RELACIÓN BILATERAL

Este episodio dejó en evidencia las tensiones en la relación bilateral en materia de seguridad y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer presión en asuntos delicados. Mientras en EE.UU. se cuestionó la decisión como una cesión ante presiones políticas, en México se interpretó como una victoria diplomática que reafirmó la soberanía del país.

Sin embargo, el retiro de los cargos dejó una pregunta abierta: ¿fue justicia o impunidad al más alto nivel?

 @LaNotaDeMexico

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