LANOTA.– En un giro inesperado dentro de uno de los casos más relevantes del crimen organizado, las autoridades federales de Estados Unidos decidieron no solicitar la pena de muerte contra Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. El anuncio fue realizado en medio de las negociaciones con la defensa, que busca evitar un juicio prolongado y garantizar un castigo que no implique la ejecución del acusado.
NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO JUDICIAL
La defensa del capo ha planteado que Zambada estaría dispuesto a declararse culpable, siempre que se asegure por escrito que no se le aplicará la pena capital. Enfrenta 17 cargos federales, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con el terrorismo, por lo que el acuerdo podría ser la única vía para evitar el peor desenlace judicial posible.
Tras declararse “no culpable” en septiembre de 2024, Zambada permanece bajo custodia mientras el tribunal analiza las pruebas presentadas. En junio de 2025, la fiscalía solicitó un aplazamiento de 60 días para continuar las conversaciones con la defensa, con miras a construir un arreglo que evite el juicio oral.
UN CASO QUE DESATÓ TENSIONES INTERNAS
Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los llamados “Chapitos”. Según versiones difundidas por su equipo legal, fue entregado a las autoridades estadounidenses tras una supuesta traición orquestada por el propio Guzmán López, lo que habría provocado rupturas dentro del cártel y tensiones entre ambos países.
Con más de 70 años de edad, Zambada enfrenta acusaciones por crímenes que podrían condenarlo de por vida. La decisión de no aplicar la pena de muerte representa un alivio jurídico clave para su equipo defensor. Además, la posibilidad de un acuerdo evitaría un juicio mediático y prolongado que podría revelar detalles incómodos sobre las operaciones del cártel en ambos lados de la frontera.
UN DILEMA DE SOBERANÍA PARA MÉXICO
En México, la pena de muerte está abolida, por lo que su aplicación en el extranjero plantea una cuestión de soberanía y principios jurídicos. La manera en que se desarrolle este caso podría marcar un precedente en la cooperación judicial entre ambos países en temas de alto perfil ligados al narcotráfico.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
